La Audiencia encarcela al narcotraficante El Negro 12 años después de su fuga

Doce años después de su rocambolesca fuga, el narcotraficante colombiano Carlos Ruiz Santamaría, alias El Negro, vuelve a estar a disposición de la justicia española. Las autoridades brasileñas han entregado a España al contrabandista, cuya huída en diciembre de 2001 costó la suspensión a los tres magistrados de la sección cuarta de la Audiencia Nacional que permitieron su salida de prisión por “riesgo de suicidio”. La excarcelación de El Negro se produjo apenas unas semanas antes de un juicio en el que se le pedían 60 años de prisión por tráfico de drogas.

Ruiz Santamaría huyó a Brasil y fue detenido con otra identidad en mayo de 2008. En febrero del año siguiente las gestiones de Interpol permitieron identificarlo y facilitaron que España reclamara su extradición. Esta se produjo hoy, y tras ser puesto a disposición judicial, los actuales titulares de la Sección Cuarta han decretado su ingreso en prisión a la espera de que se pueda celebrar la vista oral.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó en libertad bajo fianza a El Negro el 22 de diciembre de 2001 para que recibiera tratamiento médico, después de recibir un informe médico psiquiátrico de la prisión madrileña donde permanecía desde julio de 1999 que aseguraba que el narcotraficante padecía un trastorno de la personalidad con tendencia al suicidio. Ruiz Santamaría aprovechó su excarcelación para fugarse y no compareció al juicio cuyo inicio había sido señalado para unas pocas semanas después, el 14 de enero de 2002, en el que iba a enfrentarse a una petición del fiscal de 60 años de prisión y al pago de una multa de unos 370 millones de dólares.

El Negro, también conocido como Pelopincho, había sido detenido en julio de 1999 en la llamada Operación Temple, en la que se incautaron diez toneladas de cocaína. A raíz de su fuga, la Fiscalía presentó en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los tres magistrados que le habían excarcelado -Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero- y el Consejo General del Poder Judicial decidió suspenderles en sus funciones.

Por su parte, el órgano de gobierno de los jueces impuso siete meses de suspensión a Cezón y seis para López Ortega y Ollero por una falta muy grave de desatención al dictar una resolución, pero los tres recurrieron al Tribunal Supremo y éste anuló las sanciones al estimar que, aunque su decisión fue "errónea", no supuso desatención.