El juez investiga si el PP cometió delitos fiscales por los sobresueldos de Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz comienza a delimitar el impacto penal de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP. El magistrado ha solicitado este viernes a los peritos de la Agencia Tributaria que elaboren un informe sobre la posible “trascendencia jurídico penal” de los apuntes contables del tesorero, tanto en lo que afecta al PP como entidad que supuestamente recibió los fondos opacos, como en lo que atañe a las “personas físicas y jurídicas” entre los que se repartió el dinero de la caja b. Entre estos supuestos perceptores figuran figuran diversos miembros de la cúpula de la formación conservadora.

La contabilidad manuscrita de Bárcenas abarca de 1990 a 2008. Sin embargo, para la imputación de un posible delito contra la Hacienda Pública, el juez considera prescritos los ejercicios anteriores a 2007. Sobre esta base, Ruz reclama a los peritos que estimen las cuotas tributarias del Impuesto de Sociedades y del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que debería haber pagado el PP si se demuestra que las cuentas opacas de Bárcenas son reales. En los ejercicios 2007 y 2008, la formación conservadora ingresó supuestamente 1,64 millones de euros opacos.

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Respecto a las posibles “obligaciones fiscales” que corresponderían a las personas “supuestamente receptoras de rentas procedentes de la denominada caja B”, Ruz pide a la Agencia Tributaria que se fije “especialmente” en Gonzalo Urquijo. Este presunto perceptor de fondos opacos de Bárcenas es un arquitecto interiorista que modificó la sede central del PP en la calle Génova 13 de Madrid. En la contabilidad figuran tres pagos que suman 637.000 euros. De ellos, dos —por un total de 453.000 euros— corresponden al ejercicio 2008. Fuentes jurídicas indican que aunque el juez ha pedido genéricamente información sobre las personas físicas y jurídicas, Urquijo es el único supuesto perceptor de la lista cuyos cobros superarían inicialmente los 120.000 euros de cuota defraudada en los que se fija el límite del delito fiscal.

En la misma providencia —resolución judicial para la ordenación material del proceso— Ruz no solo se ocupa de los posibles delitos fiscales. También solicita a otros peritos que le auxilian en su juzgado, en este caso de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), un informe sobre posibles vínculos de los pagos de distintos constructores a la caja b del PP “con adjudicaciones y contratos de los que hayan resultado beneficiarios” sus empresas. Con esta petición, el magistrado trata de determinar la posible existencia de un posible delito de cohecho derivado de los papeles de Bárcenas.