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El Poder Judicial investigará presiones a una juez militar

El CGPJ pide explicaciones a un coronel y un general togado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido, por vez primera en su historia, investigar el respeto a la independencia judicial en la opaca y anacrónica jurisdicción castrense. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces acordó ayer, por unanimidad, admitir a trámite la petición de amparo presentada por la titular del juzgado togado militar territorial número 12, Patricia Moncada Lázaro, quien investiga un caso de presunta corrupción en el Ejército del Aire.

La comisión —que encabeza el presidente del CGPJ y del Supremo, Gonzalo Moliner— aprecia “indicios racionales de conducta que pudiera ser perturbadora de la independencia judicial” en la denuncia de la juez.

La investigación se refiere tanto a la conducta del coronel jefe de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (Madrid), quien presuntamente retuvo a la juez contra su voluntad y la presionó para que revelase el contenido de unas diligencias declaradas secretas; como a la del general consejero togado, auditor presidente del Tribunal Militar Central, quien abrió un expediente disciplinario por falta grave contra la juez. Ambos dispondrán de un plazo de cinco días para realizar alegaciones.

Además, el CGPJ reclama al presidente del Tribunal Militar Central que le traslade “testimonio íntegro de las actuaciones practicadas hasta ahora en el expediente de responsabilidad disciplinaria” abierto a la juez.

El Ministerio de Defensa ha justificado este expediente disciplinario alegando que la juez practicó un registro en la base de Getafe sin avisar con suficiente antelación a sus responsables. El artículo 185 de la Ley Procesal Militar señala que “para la entrada y registro” en instalaciones militares “debe preceder aviso” al jefe de la unidad, salvo que se encuentre imputado. Sin embargo, el mismo artículo señala que el objetivo de avisar es permitir que dicho jefe “preste el debido auxilio” a la autoridad judicial y que no será necesario hacerlo “cuando la investigación de los hechos no lo permita”. Teniendo en cuenta que el objetivo del registro era incautar documentación contable para probar presuntas irregularidades económicas, cualquier aviso previo podría haber puesto en peligro la investigación, según fuentes jurídicas.