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El PSOE pide otro cambio constitucional para regular por ley los servicios sociales

Los socialistas quieren un "marco estatal de referencia" para evitar desigualdades territoriales

Plantean blindar la sanidad pública y pagar más sueldo a los médicos con mejores resultados

El PSOE pondrá este fin de semana sobre la mesa otra propuesta de reforma constitucional. Esta vez para recoger de forma expresa en la Ley fundamental la competencia del Estado —compartida con las comunidades— en la prestación de servicios sociales, y traducir después ese reconocimiento en una ley nacional de “prestaciones mínimas”, iguales en toda España. Los socialistas han incluido esta idea en el documento base de la jornada de debate sobre la sostenibilidad del Estado de bienestar que celebran en Albacete. Estas son algunas de las propuestas:

 - Una ley nacional de “mínimos”. El PSOE ha detectado la “tremenda desigualdad” entre territorios en la prestación de servicios sociales (rentas mínimas, becas de comedor, ayudas al alquiler o para alimentos,...). La competencia corresponde a las comunidades que la asuman (todas lo han hecho). El artículo 149 de la Constitución da competencia al Estado en “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles” —apoyándose, entre otras cosas, en él se hizo la Ley de Dependencia—; pero los socialistas han llegado a la conclusión de que la doctrina constitucional rechaza que eso pueda utilizarse para que el Estado legisle genéricamente sobre servicios sociales.

“Hay que recoger de forma expresa esa competencia en la Constitución”, sostiene la responsable de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez. La propuesta del partido es que, en una eventual reforma constitucional, el sistema de servicios sociales sea reconocido como el “cuarto pilar del Estado de bienestar” junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Y que eso permita después al Estado aprobar una ley nacional, un “marco estatal de referencia” que, “con espeto al marco competencial” de las comunidades, recoja las “prestaciones mínimas garantizadas para todos los ciudadanos” y los “criterios básicos de calidad” en la atención social.

- Renta de inserción, sí pero no. En esa ley los socialistas no incluirían ahora una renta mínima de inserción estatal (equivalente a la que muchas comunidades tienen para familias con bajos recursos). Jiménez afirma que el PSOE es “favorable” a abrir ese debate, el del derecho a percibir una renta del Estado cuando no se tienen recursos, pero no va a plantear la medida en el contexto actual de crisis porque no habría dinero para sostenerla.

Blindar la sanidad pública, revertir las privatizaciones. El PSOE introduciría también en la Constitución, como ya anunció hace meses, el “derecho fundamental a la cobertura del sistema sanitario público”, con la esperanza de blindar la sanidad pública y frenar el avance de la privada. El documento pide además derogar la ley 15/1997, que según los socialistas está siendo usada por el PP para privatizar la sanidad en Madrid o la Comunidad Valenciana (aunque el PSOE la votó en su día a favor). Y promete “revertir”, cuando vuelva al Gobierno, esas privatizaciones ya acometidas.

La supresión del copago farmacéutico de pensionistas y enfermos crónicos es otra de las iniciativas. Se apuesta también por una “única cartera común de servicios para toda la ciudadanía, sin distinción y sin barreras de acceso”, eliminando —si finalmente se crean— las dos carteras de “servicios accesorios” que el PP ha anunciado y que implicarían copago.

Incentivos en el sueldo a los médicos. Los socialistas proponen introducir “paulatinamente” un “nuevo modelo retributivo” para los profesionales de la sanidad pública, que cobrarían un sueldo fijo (el actual) y otro variable “en función de resultados”, explica el portavoz de sanidad del PSOE, José Martínez Olmos. “Sería una recompensa a quienes hagan una gestión de calidad”, afirma.

Extensión de los 400 euros. El documento recoge medidas de protección al desempleo, incluida la extensión del Plan Prepara (la ayuda de 400 euros) para que pueda cobrarse hasta tres veces en un periodo de tres años (ahora solo puede cobrarse una vez). El coste sería de 1.200 millones el primer año y de 2.500 millones en la media anual de los tres años, según el portavoz socialista de economía, Valeriano Gómez.