Los jueces se preparan para decenas de miles de acciones por las preferentes

La justicia y la fiscalía deben dar respuesta a las decenas de miles de afectados por la comercialización de participaciones preferentes que aún no han recuperado su dinero. El arbitraje es una de las soluciones, pero no será una opción para todos. Habrá afectados que decidirán acudir al juzgado, a la vía civil. Y otros que consideren que los bancos no solo deben devolver el dinero depositado, sino que deben responder penalmente por lo que creen que fue un delito: la venta masiva de productos de riesgo previstos para expertos a un público no preparado para saber lo que estaba comprando.

El Consejo General del Poder Judicial busca fórmulas para afrontar la situación y evitar el colapso ante la presentación de decenas de miles de acciones de preferentistas. Para tratar de anticiparse a un aluvión de demandas, hoy se anunciará en Santiago de Compostela un plan de actuación para implantar medidas de refuerzo, de organización, tecnológicas... que garanticen el derecho a la tutela judicial de los afectados. Entre otras, se crearán unos servicios específicos de tramitación de asuntos —en un primer momento en A Coruña y Vigo— que permitan agilizar los casos. Se trata de medidas que, previsiblemente, se exportarán al resto de España.

En Galicia se preparan para recibir unas 15.000 demandas individuales según los cálculos realizados en función de la gente que no llegará el arbitraje y de los que pueden confiar razonablemente en que su caso prospere. El número final que llegue a los juzgados de toda España, en todo caso, dependerá de si se sigue potenciando el arbitraje y de si los requisitos se abren. “Si todos los que han invertido 10.000 o 15.000 euros recuperaran su dinero, llegarían muchas menos demandas a los tribunales”, señala Manuel Almenar, vocal del Consejo. En Valencia y Madrid se espera también que decenas de miles de afectados acudan a los tribunales.

Si la carga de entradas al año en un juzgado civil es de unos 700 asuntos, cada uno puede asumir, con retrasos, 800 o 900. Con más de 1.000 se podría paralizar la justicia. Los cuellos de botella serían dos: la tramitación de las demandas en la oficina judicial y la toma de decisiones del juez. Serían necesarias medidas de excepción en ambos ámbitos.

El primer problema es el que pretende paliar el plan de Santiago de Compostela que se anuncia hoy con la creación de unos servicios comunes y con las medidas de refuerzo de personal, de jueces, de los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados y de las oficinas de atención al ciudadano, entre otras. Será necesario también  incorporar aplicaciones informáticas y articular mecanismos para que las citaciones sean telemáticas o establecer parámetros comunes para la parte documental de forma que al juez le llegue ya el tema preparado.

Para abordar el segundo problema hay dos vías posibles: especializar juzgados y dedicarlos en exclusiva a las demandas por preferentes o repartirlas entre todos. En este último caso, los servicios comunes serán esenciales para la gestión y trámite de los asuntos.

Todo sería más sencillo si pudieran ejercitarse acciones colectivas pidiendo que la demanda se abra a todos los perjudicados, o si la propia fiscalía pudiera pedir que se declaren nulos estos contratos y que se resarza a los afectados. Pero estas fórmulas, defendidas, entre otros, por organizaciones de consumidores y por la Fiscalía de Galicia —que trató de iniciar esta vía—, plantean problemas jurídicos para algunos juristas que defienden que hace falta que se demuestre en cada caso y de forma individual que el banco no dio información suficiente.

Por otro lado está la vía penal, abierta en algunos casos. El más conocido es la investigación del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por las preferentes en el caso Bankia —en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que defendió de manera férrea la vía civil—. Pero algunas fiscalías sí han iniciado diligencias de investigación por preferentes. Y la Unión Progresista de Fiscales manifestó en su último congreso su preocupación por “la pasividad que está mostrando la Fiscalía General ante un problema de gran impacto social y posible trascendencia penal como es el de las participaciones preferentes” a pesar de que puede tratarse de “una estafa a gran escala”. La organización afirmaba que no había “un planteamiento estratégico global para poder articular una respuesta jurídico-penal eficaz y uniforme en todo el territorio español”.

La Fiscalía General del Estado acaba de pedir a los fiscales superiores que envíen información sobre las diligencias incoadas por preferentes; las denuncias y querellas presentadas; las diligencias previas; y las acciones civiles emprendidas. Pero el Ministerio Público aún debe definir cuál va a ser su línea de actuación ante este grave problema social.