La acusación cree “necesaria y útil” la declaración de Aznar por la caja b del PP

Una de las acusaciones particulares personadas en el caso Bárcenas, que investiga la contabilidad secreta del extesorero del PP, ya ha pedido que el expresidente del Gobierno José María Aznar sea interrogado como testigo en la causa. En un escrito dirigido al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, la acusación considera que las aclaraciones que pueda aportar Aznar resultan “necesarias y útiles” para las pesquisas.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), la primera acusación en solicitar oficialmente la comparecencia de Aznar, pretende que el expresidente confirme o desmienta las palabras de Jaime Ignacio del Burgo. Este exdiputado de Unión del Pueblo Navarro afirmó que fue el entonces presidente del PP quien en 1991 autorizó parte de los pagos que figuran en la contabilidad b del extesorero Luis Bárcenas y que fueron dirigidos a través de él al exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra Calixto Ayesa.

En su declaración ante el juez Ruz el pasado 21 de mayo, Del Burgo reconoció que Aznar autorizó de forma “reservada” la entrega de un sobresueldo en metálico a Calixto Ayesa para “compensarle” por el “quebranto económico” que le suponía tener que cerrar su clínica dermatológica para ejercer de consejero de Salud. Según los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS el pasado 31 de enero, Ayesa percibió por esta vía al menos 23.439 euros.

Además, la acusación quiere indagar también en los sobresueldos que aparecen reflejados en los papeles manuscritos del extesorero, según los cuales Aznar cobró, en 1990, alrededor de 9.000 euros. En la contabilidad oficial de la formación conservadora remitida por el Tribunal de Cuentas al juzgado de Ruz aparecen abonos, por un total de 782.000 euros, entre 1990 y 1996, años en los que fue presidente del partido.

También considera ADADE que es necesario que Aznar aclare el cobro de más 16.700 euros cuando ya era presidente del Gobierno y la ley le impedía cobrar ninguna otra retribución. El propio Aznar señaló que ese pago correspondía a la “liquidación de cantidades devengadas”, como señala el escrito. Así, la acusación quiere que aclare “los sobresueldos por él percibidos, concepto en que lo han sido, razón de ser de los que percibió cuando ya era presidente del Gobierno y si todos ellos los declaró a la Hacienda Pública”.

El letrado de ADADE considera que esta prueba testifical no es “superflua” ni “redundante”. “Si no se practicase, quedarían varias preguntas”, indica. En el caso de que no se aprobase la solicitud, “se produciría un vacío de conocimiento de aspectos trascendentales”, añade.

Además, en su escrito, reconoce que es un testigo relevante, por su condición de expresidente, pero apunta a que quizá él mismo podría haber solicitado su presencia judicial y recuerda que “la justicia es igual para todos”.

ADADE quiere que la declaración se realice en la sede de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), de la que Aznar es presidente, al haber renunciado a su puesto en el Consejo de Estado por ser “incompatible” con su condición como “miembro del Consejo de Administración de un grupo internacional de comunicaciones”.

Otras acusaciones populares personadas en la causa de los papeles de Bárcenas están estudiando estos días realizar la misma petición de comparecencia de Aznar como testigo en la causa que afecta a las finanzas del partido que él comandó desde 1990 hasta 2004 y del que actualmente es presidente de honor. A finales de la presente semana o a principios de la próxima remitirán al juzgado sus escritos, según fuentes jurídicas.