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Exteriores rechaza reabrir su pugna con Comercio pese al Consejo de Estado

El órgano rechaza la existencia de una ley sobre la acción exterior

Aunque varios ministros lo intentaron, nadie había conseguido hasta ahora sacar adelante una ley que regulase la acción exterior del Estado en 35 años de democracia. Ahora bien, ¿hacía falta?

El Consejo de Estado parece opinar que no. En el dictamen aprobado por unanimidad de su Comisión Permanente el pasado 30 de mayo emite un “juicio favorable respecto de la oportunidad de la iniciativa”, pero a continuación advierte de que “una parte significativa del proyecto corresponde a materias cuya regulación” por una ley ordinaria “puede reputarse de innecesaria o, incluso, poco apropiada”, pues se trata de materias consagradas en la Constitución o en leyes orgánicas, por lo que propone prescindir de los artículos 4 y 6 al 10. Y tacha además de “innecesarios y, hasta cierto punto, perturbadores” los artículos que regulan los fines y objetivos de cada uno de los ámbitos de la acción exterior; es decir, del 15 al 32. De un plumazo, propone por tanto eliminar 24 de los 59 artículos de la ley. Y no son los únicos.

Exteriores sostiene, sin embargo, que es necesaria una ley, pues de ella debe colgar el futuro reglamento de la carrera diplomática, que modernice definitivamente el servicio exterior; y también sirvirá de paraguas para los dos órganos colegiados que deben marcar las directrices de la política exterior: el Consejo de Política Exterior y el Consejo Ejecutivo de Política Exterior. A ellos corresponderá —bajo la autoridad del presidente del Gobierno— dirimir los roces entre los ministerios con presencia en el extranjero.

Exteriores ha incorporado una quincena de sugerencias del Consejo de Estado, pero ha rechazado reabrir aquellos temas que fueron objeto de una ardua negociación en el seno del Gobierno. Por ejemplo, la fórmula según la cual todo el personal de la embajada —agregados, técnicos comerciales o diplomáticos— dependen jerárquicamente del embajador, pero órganica y funcionalmente lo hacen de su respectivo departamento. “La distinción entre dependencia jerárquica por un lado y funcional por otro no resulta coherente [...] pues son casi indisolubles”, subraya el Consejo de Estado. “Es posible”, admiten fuentes diplomáticas, “pero si se reabre ese melón no habrá ley. Al menos por otros 35 años”.

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