Moliner se niega a debatir en el Consejo un texto contra la reforma de Gallardón

La reforma del Consejo General del Poder Judicial que se está tramitando en este momento en el Senado recibió un informe desfavorable por parte del órgano de Gobierno de los jueces. A pesar de ello, la norma siguió adelante prácticamente en sus mismos términos. Por ello, tres vocales, Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Félix Azón plantearon que se incluyera en el orden del día del pleno de este miércoles el debate de un texto de protesta que hiciera constar “que el mantenimiento del proyecto de ley orgánica del poder judicial, en los términos en los que se encuentra, determinará un retroceso sin precedentes y limitará considerablemente la independencia judicial, principio básico y esencial del Estado de derecho”. El presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, se ha negado a que el texto se debata.

Moliner ha explicado por escrito sus razones para denegar la inclusión de este punto en el orden del día. Alega que el Consejo ya se pronunció en su día sobre la reforma y que esta es “la forma legalmente establecida para hacer los pronunciamientos que se estimen procedentes”. Solo deja a salvo la posibilidad de incorporarlo a un futuro orden del día en otra sesión “y, en todo caso, una vez aprobada definitivamente la norma legal de que se trata”.

En su escrito, los tres vocales que querían debatir la reforma consideraban sin embargo que la modificación legal es de tal calado que el Consejo no debe permanecer “indiferente” a la misma y que el pleno debía manifestar , antes de su aprobación definitiva, que el proyecto de ley en su actual redacción “comporta el mayor ataque a la independencia judicial de los últimos 30 años”.

“Es incomprensible que el presidente del Consejo General del Poder Judicial no acepte debatir una cuestión esencial para la propia supervivencia del órgano”, afirma la vocal Margarita Robles. “Y más teniendo en cuenta que en el trámite parlamentario no se han admitido ninguna de las consideraciones que hizo el Consejo en su informe. Por otro lado, las razones que aporta no las compartimos. Una cosa es una valoración de carácter jurídico, como la que en su día se elaboró, y otra distinta un debate de carácter político como el que nosotros planteábamos ahora. Además, solo estábamos hablando de debatir. ¿Qué miedo hay a que el pleno hable sobre este tema? En un momento histórico en el que estamos presenciando el desapoderamiento del órgano de gobierno de los jueces, el presidente ha decidido que es mejor permanecer impasibles. No se puede comprender”.