Enrique López, recompensa al juez vinculado al PP

Sostener que Enrique López López (León, 1963) es próximo al PP no es una conjetura, ni una atribución de intenciones, ni una deducción por su reconocida amistad con destacados dirigentes populares como Federico Trillo o José María Michavila, entre otros.

Basta con comprobar que, por ejemplo, el 1 de diciembre de 2006 participó como ponente en una conferencia política del PP sobre el modelo de Estado que organizaban Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable de política autonómica de los populares y ahora vicepresidenta del Gobierno que anunció este viernes su nombramiento. Basta comprobar que en las memorias de FAES, la fundación del PP, constan más de medio centenar de colaboraciones del recién designado magistrado del Constitucional.

También se sustenta en su destacada actividad como portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008, cuando se constituyó en oposición extraparlamentaria y mediática al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde 2004, con declaraciones críticas a decisiones como la reforma del Estatuto de Cataluña, el matrimonio homosexual y el diálogo con ETA, entre otras.

En esos años asumió y defendió que el Consejo hiciera informes extremadamente críticos sobre el Estatuto de Cataluña y sobre el matrimonio homosexual, a pesar de que nadie se los había pedido, dando lugar a un insólito conflicto institucional.

Desde entonces, López no ha dejado de hacer declaraciones o escribir artículos sobre asuntos que de alguna forma podría tener que estudiar ahora en el Tribunal Constitucional. Especialmente, los que se refieren a Cataluña y las decisiones soberanistas y las vinculadas a la actuación judicial contra ETA y su entorno sobre las que ahora tendrá que fallar en el Constitucional. Últimamente ha defendido las tasas judiciales y la reforma del Poder Judicial, impulsadas ambas por Alberto Ruiz-Gallardón, el ministro de Justicia. De su etapa de portavoz del Consejo del Poder Judicial queda la implantación de gabinetes de comunicación en los tribunales y un protocolo de actuación ante los medios que distribuyó a los jueces para facilitar la transparencia de sus decisiones.

También se puede sostener su proximidad al PP en el hecho cierto de que los populares (capitaneados entonces por Trillo en el área de Justicia) hicieron en 2010 que todas las comunidades autónomas en las que gobernaban le propusieran para magistrado del Constitucional. Lo hicieron con especial empeño e insistencia a pesar de que López no cumplía el requisito de 10 años de actividad judicial y, precisamente, para provocar el bloqueo del PSOE a su nombramiento y, por tanto, a una renovación que no les convenía desde el punto de vista político.

La mesa del Senado certificó que no reunía requisitos para ir al Constitucional, pero el PP mantuvo la apuesta contra viento y marea. En el currículum que presentó entonces al Senado, dentro de un lista de 250 cursos en los que participó, incluía el citado acto político del PP. Ahora, tres años después, el Gobierno de Mariano Rajoy le recompensa por los servicios prestados y le devuelve lo mucho que le debía por haber aceptado que su nombre fuera utilizado en aquella maniobra. Para hacerlo se salta la norma no escrita que dice que solo se llega al Constitucional tras pasar por el Tribunal Supremo. Nunca nadie había saltado de la Audiencia Nacional al Constitucional.

Y la etiqueta de juez con ideología conservadora se sustenta en los mencionados artículos y reflexiones públicas y en argumentos como su reiterada defensa de la implantación de la cadena perpetua, entre otros.

López fue letrado del Poder Judicial (1998-2001), y ocupó los cargos de Jefe de Sección del Servicio de Formación Continua y Jefe del Gabinete Técnico. Fue también profesor Asociado de la Universidad de León. Desde que en 2008 abandonó la portavocía del Poder Judicial era magistrado de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En ese cargo su actuación fue vital para reactivar el caso Faisán en los días en los que Alfredo Pérez Rubalcaba era candidato del PSOE en las elecciones generales. Ahora era uno de los jueces competentes para resolver los recursos sobre el caso Gürtel que afecta de lleno al PP.

La acusación de Izquierda Unida le recusó, precisamente, por su posible parcialidad al considerar que su afinidad con el PP es manifiesta.

 Es cuñado de Miguel Manovel García, número dos del holding empresarial que dirige José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel.