La Audiencia expulsa de Gürtel al PP por maniobrar en defensa de Bárcenas

Si en lugar de una de las investigaciones judiciales por corrupción más extensas y complejas de la democracia habláramos de fútbol, estaríamos ante una tarjeta roja por reiteración de faltas. La Audiencia Nacional ha certificado la expulsión del Partido Popular del sumario del caso Gürtel por fraude procesal al utilizar su condición de acusador popular para defender a lo largo del tiempo a algunos de sus imputados más relevantes, entre ellos al extesorero Luis Bárcenas o al exdiputado nacional Jesús Merino.

En un auto —resolución razonada en derecho— emitido ayer, la Sección Cuarta de la Audiencia confirma íntegramente la decisión del juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz. Este revocó el pasado 26 de abril la personación del PP como acusación popular a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El PP, personado desde 2009, recurrió esta decisión ante la instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia, alegando indefensión y acusando a Ruz, en un escrito muy duro, de apartarle del caso de forma “arbitraria” y “premeditada”. La respuesta de la Sección Cuarta —encargada de resolver los recursos de apelación del caso Gürtel— no admite recurso ordinario y es devastadora para los intereses de Génova 13.

El tribunal presidido por Ángela Murillo, al igual que ya hizo Ruz en abril, cita una decena de escritos de 2010 y 2011 en los que los abogados del PP personados en el sumario buscaban el archivo de las diligencias abiertas sobre Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, y Jesús Merino. Para el tribunal, “de la lectura de tales escritos (...) fácilmente se deduce” que el cometido del PP en el procedimiento “no ha sido plenamente congruente con el ejercicio de la acusación popular”. El proceder de los letrados del partido “más bien corresponde a una auténtica parte coadyuvante en la defensa de los tres imputados”, argumenta la Audiencia.

El tribunal sale en defensa de Ruz y considera “encomiable” la “labor depuradora de los contornos de la acción popular realizada por el instructor” en su auto del 26 de abril. La decisión de Ruz de apartar al PP de la causa —dejándole sin acceso al sumario y sin posibilidad de recurrir futuras actuaciones— busca, según la sala, “evitar futuras situaciones ambivalentes y generadoras de un verdadero caos procesal, donde una misma parte tenga la posición de acusadora pero de facto realice actos más cercanos a la defensa de determinados imputados que han estado muy vinculados” al partido. El PP puso como ejemplo de acusación leal el haberse mostrado a favor de las medidas cautelares contra Bárcenas dictadas por Ruz el pasado 25 de febrero y que, entre otras prevenciones, impiden al extesorero salir de España. La Audiencia rebate que el partido se limitó a “no oponerse” a tales medidas.

La Sección Cuarta afirma que existen “evidentes indicios” de la “presunta implicación” del PP en la trama corrupta liderada por Francisco Correa, que supuestamente sobornaba a cargos populares para obtener contratos para sus empresas. Los hechos investigados, recuerda la sala, incluyen “la posible existencia de una doble contabilidad”. Esta participación del PP lo convertiría en responsable civil subsidiario o bien, por la vía penal, en “participante a título lucrativo”, sostiene el tribunal.

En su recurso fallido, los abogados del PP acusaron a Ruz de actuar de forma “injusta”, “incomprensible”, “arbitraria”, “inverosímil” y “premeditada”, entre otros epítetos. El tribunal asegura que el auto “cumple sobradamente” las exigencias de fundamentación y reprocha al letrado del PP sus expresiones, que “constituyen un innecesario exceso que no debe encontrar amparo en el ejercicio del derecho de defensa”.

La retirada de la condición de acusador culmina una serie de enfrentamientos del PP con los distintos jueces instructores de la causa y también con la fiscalía. En julio de 2010, cuando la trama se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira reprochó a los conservadores “el uso desproporcionado de descalificaciones” en sus escritos.

Los populares, cuya postura procesal estaba coordinada entonces por el exministro Federico Trillo, pretendían evitar que el tribunal madrileño se inhibiera a favor del tribunal superior de la Comunidad Valenciana en la parte del caso que se refería a la supuesta financiación irregular del partido en esa región.

En sus escritos, el PP acusaba de parcialidad, falta de objetividad y ligereza a varios funcionarios que trataban de investigar los indicios contra el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y limitar su imputación al asunto de los trajes, del que resulto absuelto por un jurado. Anticorrupción criticó entonces la “gravedad” de la actuación del PP en el caso y el magistrado Pedreira amenazó a los populares con adoptar medidas para evitar una “batalla campal” de informes y contrainformes.

El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, lamentó ayer la decisión de la Audiencia: “Nos parece que no se ha atendido a una pretensión justa, que es que el PP, como principal perjudicado, esté presente en ese procedimiento judicial”, dijo en Bruselas.