Los obispos y el libre mercado

Al hilo de la campaña de la declaración de la Renta, la Conferencia Episcopal Española ha realizado un suplemento de 16 páginas que se está distribuyendo encartado en los diarios impresos. Se trata de un argumentario para inducir a los contribuyentes a marcar con un aspa la casilla de la Iglesia, de forma que, sin recargo alguno, reciba el 0,7% de la cuota líquida que deba ingresar en Hacienda. Por si surgieran dudas acerca de otra opción paralela, la que figura destinada a “otros fines sociales”, el citado texto publicitario se emplea a fondo para explicar que en realidad no es una alternativa, que pueden marcarse las dos casillas e incluso que es recomendable hacerlo así, porque lo destinado a “otros fines sociales” no se detrae de lo que resulte asignado a la Iglesia y porque de esa otra asignación también llegan fondos a organizaciones católicas como Cáritas o Manos Unidas.

El suplemento, conforme a lo esperable de una campaña publicitaria, presenta el perfil más favorable de la Iglesia y evita cualquier referencia a otras cuestiones de alto valor polémico, como el proyecto para la reforma de la ley de salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, que quiere sustituir la referencia a los plazos legales vigentes por unos supuestos de los que desaparecerían las malformaciones. De manera que se garantizaría el nacimiento de los fetos malformados, aunque luego se encontraran sin las ayudas que otorgaba la ley de dependencia que ahora se anulan. Tampoco los publicitarios del encarte dejan rastro alguno del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que va a eliminar la asignatura de Educación para la ciudadanía mientras asigna pleno valor académico a la asignatura de Religión. Una propuesta que sigue las directrices de la Conferencia Episcopal, aunque cuente con el rechazo del 70% de los ciudadanos y solo un 27% a favor, según la encuesta de Metroscopia publicada el domingo en EL PAÍS.

Llegados aquí, conviene recordar que fue el Gobierno socialista del denostado presidente José Luis Rodríguez Zapatero el que elevó esa atribución voluntaria de los contribuyentes del 0,5% al 0,7%, de modo que la Conferencia Episcopal Española alcanzó sus últimos objetivos económicos, según reconoció el profesor Fernando Giménez Barriocanal, máximo responsable de las finanzas de la CEE. Esta adaptación figura en un anexo al acuerdo sobre asuntos económicos entre el Estado Español y la Santa Sede en forma de “Intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación”, que se verificó el 22 de diciembre de 2006. El mencionado acuerdo económico del que trae causa contiene una amplia enumeración de exenciones y beneficios fiscales, que incluyen la contribución territorial y urbana de sus inmuebles y la exención total y permanente de los impuestos reales o del producto sobre la renta y sobre el patrimonio, salvo en el caso de explotaciones económicas o de ganancias del capital.

La única obligación que figura tanto en el protocolo adicional al acuerdo como en el anexo del intercambio de notas antes mencionado es el “compromiso de la Iglesia Católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria”. La última de esas “memorias justificativas de actividades” disponible es la correspondiente al ejercicio de 2010. Nadie ha justificado la distancia temporal entre el momento del cobro, que ascendió a 247,1 millones de euros, y el de la justificación de su empleo. La memoria incluye entre la actividad litúrgica 349.820 bautizos, 280.654 primeras comuniones, 100.000 confirmaciones, 74.289 bodas, 309.458 exequias y más de 5.000.000 de eucaristías. Unas cifras que, en relación con las del Instituto Nacional de Estadística para ese mismo año, permiten señalar que la Iglesia bautizó al 72% de los nacidos, hizo exequias al 84% de los muertos y casó al 43% de los matrimonios.

Nada se dice del número de exorcismos, cuya demanda ha obligado al cardenal Rouco a convocar nuevas plazas. Tampoco se contabiliza la administración del sacramento de la penitencia, tan necesario, porque el pecado contra el octavo mandamiento, “No hurtar”, solo se perdona si el penitente cumple con la obligación de restituir lo robado, con las consecuencias imaginables para la deuda pública y la prima de riesgo. Por eso desalienta observar en los templos los confesionarios vacíos, sin sacerdotes que los atiendan. En todo caso, donde el talento de los publicitarios eclesiásticos alcanza el punto culminante es al advertir que esa inmensa maquinaria de la Iglesia a cada euro invertido lo hace rendir como 2,35. Es decir, que “presta casi el triple de servicios de los que proporcionaría el mercado con el mismo dinero”. Continuará.