Los empresarios niegan los pagos opacos de la contabilidad de Bárcenas

Dos negaciones rotundas y un absoluto cierre en banda. Los tres primeros empresarios en declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por su aparición en los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP, no arrojaron este lunes luz alguna sobre el caso. Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, una de las mayores constructoras de obra pública de España, y José Luis Sánchez Domínguez, dueño de Sando, una compañía de ingeniería civil con sede en Málaga y gran implantación en el sur de España, negaron ayer repetidamente ante el magistrado haber entregado cantidad alguna de forma opaca al PP. El tercer compareciente de la jornada, Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de Constructora Hispánica, y considerado el constructor de Gürtel, se acogió a su derecho a no declarar por consejo de su abogado, Javier Iglesias.

Villar Mir figura en las anotaciones manuscritas de Bárcenas como autor de nueve donaciones oscuras que totalizan 530.000 euros entre los años 1990 a 1993 y 1997 a 2008. Entre 2002 y 2009, según los informes policiales incorporados a la causa, su empresa recibió 609 contratos públicos por un total de 7.758,21 millones de euros. De esta cantidad, 4.625 millones de euros, un 59,6% provienen de administraciones gobernadas por el Partido Popular.

El propietario de OHL reconoció, no obstante, realizar anualmente donaciones a fundaciones vinculadas a partidos, sindicatos y organizaciones de distinto signo. Cada año, afirmó, dona 120.000 a fundaciones de UGT y CC OO, así como a la Fundación Mujeres por África, presidida por la exvicepresidenta del Gobierno socialista María Teresa Fernández de la Vega. Esta cantidad se eleva a 150.000 euros anuales en el caso de la Fundación Real Instituto Elcano de estudios internacionales y estratégicos, y se reduce a 45.000 euros por año a la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES), encabazada por el expresidente del Gobierno José María Aznar, del PP.

El empresario y antiguo aspirante a la presidencia del Real Madrid, afirmó que conoce al extesorero popular Álvaro Lapuerta, y algo más superficialmente al sucesor de este, Luis Bárcenas. Sin embargo, según fuentes judiciales, Villar Mir aseguró que “nunca, nunca” habló con ellos de contrataciones públicas, y que jamás ha hecho ningún pago bajo cuerda “ni al PP ni al PSOE”. El constructor aseguró, según un abogado presente en la declaración, que él “no es de ningún partido”.

El industrial atribuye a “un error” su aparición en la contabilidad secreta de Bárcenas y considera que “no cree que haya habido maldad por parte de nadie” en el hecho de que su nombra aparezca en los apuntes. El juez Ruz le preguntó “por qué no se ha querellado” contra quienes elaboraron y difundieron los 14 folios manuscritos. La respuesta, según varios de los presentes, fue: “Soy cristiano y, aunque nuestros servicios jurídicos estudiaron querellarse contra Izquierda Unida [formación que presentó la querella que dio pie a la investigación judicial] desistimos de ello para no dañar la imagen de la empresa en los 27 países en los que trabajamos”.

Villar Mir, vicepresidente del Gobierno con Carlos Arias Navarro en el primer Ejecutivo de la Monarquía, comentó que en los apuntes que figuran a su nombre en la contabilidad paralela de Bárcenas, cuya autenticidad niega, coinciden con años en los que su empresa tuvo menos adjudicaciones públicas. Sin embargo, el juez Ruz le recordó que, según los informes policiales, eso es exactamente al revés.

Por su parte, José Luis Sánchez Domínguez, fue más escueto en su declaración. El empresario malagueño reconoció que le une una gran amistad con el extesorero popular Álvaro Lapuerta, aunque en sus numerosos encuentros “nunca ha hablado de obra pública ni de contrataciones”. Según la contabilidad de Bárcenas, Sánchez Domínguez es el principal donante al PP, con 1,25 millones de euros. El dueño de Sando negó haber realizado ningún pago, ni opaco, ni transparente, a partidos políticos.

"Las donaciones no están dentro de la política de Sando", ha especificado el empresario, que ha agregado que en los últimos cinco años ha ido dejando de forma progresiva la responsabilidad de su negocio en manos de sus cuatro hijos.

El empresario ha hecho al respecto una única salvedad y ha admitido que preguntó a Lapuerta en 1998 sobre las contratas dependientes del Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde era entonces José María Álvarez del Manzano. Las fuentes consultadas han indicado que Lapuerta le dijo entonces que no se llevaba bien con el primer edil madrileño por lo que el constructor no volvió a tratar el tema.

En la contabilidad b de Bárcenas —elaborada al margen de la oficial registrada en el Tribunal de Cuentas— se observan ingresos por valor de 7,5 millones de euros entre los años 1990 a 1993 y 1997 a 2008 por parte de 14 empresas. Parte de este dinero, que los manuscritos atribuyen a en su mayoría a los ocho constructores, sirvió para sufragar gastos del PP y otra parte para remunerar a la cúpula del partido por encima de sus sueldos oficiales.

Los ocho empresarios citados a partir de hoy figuran en la querella de Izquierda Unida que ha dado pie a la investigación judicial, que previamente estuvo en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Por el despacho de Ruz pasarán estos días algunos de los grandes nombres de la obra pública española,como el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero o el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Los empresarios declararán en calidad de imputados, lo que les permite acudir al interrogatorio con abogado y no declarar en contra de sus intereses, al contrario que los testigos, que están obligados por la ley a decir la verdad.