Camps y Barberá, a punto de ir a juicio por malversación

El juez instructor José Castro está decidido a desgajar del caso Nóos la trama valenciana, a través de la cual Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres se embolsaron hasta 3,5 millones de euros públicos bajo sospecha de malversación. El juez ha solicitado este viernes a las Cortes valencianas que certifiquen la condición de diputados del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y de la actual alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos del PP.

Esta petición de Castro es el trámite previo a su inhibición como juez instructor en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, instancia competente para investigar y juzgar a los aforados en esa comunidad. En la trama central del caso Nóos ya está imputado por malversación el expresidente de Baleares Jaume Matas, que no goza ahora de aforamiento.

Camps y Barberá promovieron en la Comunidad Valenciana la extensión de los negocios de Nóos ahora bajo sospecha. Las actuaciones se remontan a 2004, a antes de que Urdangarin y su exsocio Diego Torres desplegaran su actividad ante las instituciones de Baleares, donde recaudaron 2,3 millones de euros.

Los dos políticos valencianos se reunieron con el yerno del Rey para dar amparo institucional y presupuesto a tres ediciones del Valencia Summit, con más de un millón al año. Además, otorgaron 300.000 euros a unos Juegos Europeos nunca celebrados. Uno de los datos que el juez baraja como nexo de este caso es la supuesta reunión que Urdangarin convocó en La Zarzuela, en la mañana del 29 de enero de 2004, con el entonces presidente y la alcaldesa, aprovechando que ambos estaban en Madrid para participar en la feria de turismo Fitur. Camps y Urdangarin niegan su presencia en esa cumbre. La alcaldesa ha lanzado este viernes de nuevo evasivas para no concretar: “El juez solo ha pedido que acredite que soy diputada”.

El expresidente y la alcaldesa se han desmarcado en todo momento de cualquier responsabilidad directa en el desvío de fondos, por no haber firmado los convenios con Nóos ni destinado partidas propias de sus respectivos presupuestos. Nóos recibió fondos de las sociedades públicas Cacsa, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana y la Fundación Turismo Convention Bureau.

El juez asentará el posible encausamiento de las dos personalidades en distintas resoluciones del Tribunal de Cuentas. El máximo órgano fiscalizador del Estado considera ilegales los convenios de Administraciones públicas con particulares que impliquen la concesión de ayudas “singulares” o un “trato privilegiado a determinadas entidades o ciudadanos, por cuanto su propia naturaleza es excepcional el principio de igualdad ante la Ley”. Reseña, además, que la frecuente falta de justificación de los gastos por parte de Nóos “no ofrece garantías de un correcto empleo de los fondos”.

La Generalitat Valenciana se ha personado en el caso Nóos, tras ofrecérselo el juez, como parte afectada, para exigir la supuesta responsabilidad civil. Esta personación impide formular acusación penal, como sí mantienen el Gobierno balear, del PP y, desde hace semanas, el grupo de concejales socialistas, del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.