Orihuela, la Sicilia valenciana

Orihuela ya no es solo la cuna del poeta Miguel Hernández. En la Comunidad Valenciana hay quien identifica esta ciudad de 90.000 habitantes con un trasunto de Palermo, como una especie de Sicilia a la valenciana. Aunque sus vecinos lo lleven mal, la comparación no deja de tener sus razones. De los 141 casos de corrupción que tramitan los juzgados valencianos, 43 (el 30%) se investigan en Orihuela. Solo en el caso Brugal una trama político-empresarial ligada al negocio de la basura, hay más de 40 imputados, entre ellos dos exalcaldes de la ciudad, Francisco García Ortuño y Mónica Lorente.

Desde 1979, Orihuela ha tenido siete alcaldes, cuatro de los cuales han estado imputados y dos de ellos condenados en firme. Luis Fernando Cartagena llegó a ingresar en prisión por un breve periodo de tiempo por falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. José Manuel Medina fue condenado a siete años de inhabilitación para ocupar cargo público por prevaricación al no cumplir un decreto de alcaldía.

La lista de políticos imputados en Orihuela no es corta. Actualmente, 5 de los 12 concejales del PP están siendo investigados. La exalcaldesa y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mónica Lorente, está doblemente imputada, por el caso Brugal y por adjudicar el contrato de una obra en una plaza cuando ya estaba inaugurada. Otro concejal, Roberto López, ha sido condenado a pagar una multa de 900 euros por una falta de lesiones leves y amenazas a una mujer. Tres ediles más también tienen cuentas pendientes con la justicia.

¿Qué es Brugal? La investigación apunta a una trama político-empresarial para controlar el negocio de la basura en la comarca de La Vega Baja dirigida por el empresario Ángel Fenoll, condenado en varias ocasiones, una de ellas por compra de votos a favor del PP. La prueba de la envergadura de la investigación son los 50.000 folios del sumario, los más de 40 imputados y los jueces de refuerzo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha enviado para agilizar los procedimientos penales. La trama es de tal magnitud que ha tenido ser desgajada en 17 piezas separadas. La más importante investiga la adjudicación, en octubre de 2008, de la contrata de la basura de Orihuela a una Unión Temporal de Empresas integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. La investigación le ha costado la imputación a la exalcaldesa Mónica Lorente y a otras siete personas vinculadas al Consistorio.

Brugal ha contaminado a todos los políticos que han tenido algo que ver con la adjudicación de la contrata de basuras, desde otro exalcalde de Orihuela, Francisco García Ortuño, hasta el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. La policía está convencida de que Liasur y Gobancast son en realidad la tapadera de la que se valió Ángel Fenoll para conseguir la contrata.

Pese a las evidencias, los políticos implicados en todo el macroproceso relativizan su situación. García Ortuño no cree que en Orihuela existan más casos de corrupción que en otras localidades. El exalcalde achaca la mala imagen de la ciudad a que fue la primera ciudad donde el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, “puso el foco” y a la imputación del expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll, que dio al caso “una dimensión nacional y política de primer orden”. La portavoz del PP en el Consistorio, Pepa Ferrando, lamenta la atención que genera Orihuela “cuando también hay corrupción en Andalucía o Cataluña”.

El actual alcalde, Monserrate Guillén, de Los Verdes (gobierna aliado con el PSOE), opina que los 25 años de Gobiernos con mayoría absoluta del PP propiciaron “un caldo de cultivo para que florecieran empresarios sin escrúpulos y políticos que buscaban el beneficio propio”. Antonia Moreno, concejal socialista, señala a Ángel Fenoll, cabecilla de Brugal.

Pero quien mejor se explica es Antonio López, de 77 años, alcalde socialista en los años ochenta. “Cuando estaba a punto de dejar la vara de mando”, cuenta, “unos promotores urbanísticos me ofrecieron una parcela de 10.000 metros cuadrados para mi familia a cambio de que agilizara la tramitación municipal para la construcción de una urbanización. Intentaron corromperme, pero no me dejé”.

En la calle, los vecinos de Orihuela no se muestran sorprendidos cuando se les pregunta por la corrupción. “Somos así, qué vamos hacer”, afirma una de las camareras del bar que está junto al ayuntamiento. “Si las paredes hablaran...”, ironiza. Frente a la casa consistorial se levanta la iglesia de Santa Justa y Rufina. Su párroco, José Luis Satorre, admite que la corrupción existe. Y ofrece su teoría: “El problema es la crisis de valores, la persona ya no es el centro de la vida, lo que importa es el ladrillo, la empresa o el dinero”.

José Andrés Berná, un vecino que colabora en varias plataformas ciudadanas, se lamenta de que la corrupción sea “endogámica” y critica que la sociedad la “asuma como normal”. Félix Cordero, presidente de la Cámara de Comercio en Orihuela, admite que la corrupción daña la imagen del municipio. “Nos gustaría que todo esto se resolviera cuanto antes, y si algunos han metido la mano en la lata, que lo paguen, pero que nos dejen trabajar al resto”, demanda el empresario con cierta sensación de hartazgo.

¿Por qué hay tanta corrupción en Orihuela? La respuesta es muy compleja, y primero hay que entender cuál es su realidad geográfica. Su término municipal es muy extenso y con grandes áreas urbanizables. José Sanmartín, profesor de Derecho en la Universidad de Alicante y presidente de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta, resume que en Orihuela hay una “colusión de intereses entre política y economía” donde algunos empresarios “presumen” de tener comprados con prebendas a políticos y funcionarios. Nada que ver con Miguel Hernández.