El Tribunal de Cuentas eleva la pena a los hijos de Gil por el saqueo de Marbella

El Tribunal de Cuentas acaba de dictar la sentencia definitiva sobre el espectacular saqueo que, entre 1991 y 1999, sufrieron las arcas del Ayuntamiento de Marbella, coincidiendo con el Gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), el partido que lideró el fallecido Jesús Gil y Gil, expresidente del Atlético de Madrid. El máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas sentencia que Marbella, en la época de Gil y su sucesor Julián Muñoz, padeció un desvío de fondos de 81,19 millones de euros.

Este fallo definitivo del Tribunal de Cuentas eleva en 15 millones la cantidad desviada por Gil y los exediles marbellíes al entender que este montante no ha prescrito. En abril de 2011, en primera instancia, el máximo órgano fiscalizador había cifrado en 66 millones el alcance contable. Contra la sentencia, que cierra la vía de la jurisdicción contable, cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Esta sentencia recuerda que los implicados crearon una maraña de sociedades semipúblicas que se nutrían de las arcas municipales e idearon falsos servicios que nunca se hicieron. El dinero público se esfumó. La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas condena a los cuatro hijos de Gil, así como al resto de concejales marbellíes implicados, a que devuelvan los 81 millones desviados más los intereses legales, con lo que la cantidad sobrepasará con creces los 100 millones de euros. El órgano fiscalizador tiene decretado un embargo preventivo de los bienes de los herederos de Jesús Gil y del resto de exconcejales implicados, a petición de los actuales gestores del Ayuntamiento de Marbella.

Los hijos de Gil se habían opuesto a devolver la parte que les corresponde de los 81 millones alegando que fue su padre y no ellos, ajenos a la actividad pública, quien gestionó ese dinero. Pero el Tribunal sostiene que, al aceptar la herencia de Gil, asumieron “los derechos y obligaciones” que pesan sobre ella. Y que, además, cuando la aceptaron, ya conocían las pesquisas sobre las graves acusaciones que se cernían sobre su progenitor.

El tribunal recuerda que el procedimiento se inició en vida de Gil y que el 7 de octubre de 2004, tres meses después de fallecer este, el fiscal pidió que se notificara el procedimiento a los sucesores. Y que durante el proceso quedó demostrado que, a partir del testamento otorgado por Gil y Gil el 8 de junio de 1992, “sus cuatro herederos universales, aceptaron, expresamente, su herencia en la modalidad a beneficio de inventario, en un acto enteramente voluntario y libre”.

El Tribunal de Cuentas desmonta los recursos de apelación presentados por los condenados. “Ha resultado probado, sin fisuras, que, en un escenario de absoluto descontrol de la actividad municipal (...) los impugnantes, libre y voluntariamente, aceptaron el desempeño de sus cargos corporativos, y, por ende, las atribuciones a ellos inherentes (ordenación de pagos), lo que les sitúa en la posición de tener que responder, en tanto gestores de los fondos públicos, que manipulaban, de los menoscabos y daños que pudieran producirse”.

Además de los hijos del fallecido exregidor (Jesús, Miguel Ángel, Fernando y María Ángeles Gil Marín), los otros implicados son los concejales del GIL Julián Muñoz, María Luisa Alcalá, Pedro Román, Rafael González y Antonio Luque. Todos ellos tenían poderes sobre las cuentas de las sociedades municipales cuyos fondos se volatilizaron.

Esta causa seguida en el Tribunal de Cuentas es la matriz de los diferentes procesos penales sobre el saqueo a las arcas marbellíes ya juzgados o en pleno juicio, como el que se está celebrando ahora en la Audiencia Nacional, con 36 imputados por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil.

En esta vista oral, los procesados han descargado todas las responsabilidades en el fallecido Gil: “Menos la ropa que llevábamos, él lo decidía todo”, aseguró Julián Muñoz en la Audiencia Nacional.