Los hijos de Gil, condenados a pagar 105 millones al Ayuntamiento de Marbella

Los cuatro hijos y herederos del fallecido Jesús Gil deberán reintegrar al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 66,5 millones de euros que se volatilizaron de las arcas municipales entre 1994 y 1999, años en los que su padre fue alcalde. Además, los descendientes del controvertido regidor tendrán que abonar otros 39,15 millones por los intereses que habría generado hasta hoy la cantidad evaporada. En total, los vástagos de Gil deberán devolver 105,65 millones al consistorio marbellí.

El Tribunal de Cuentas considera en una sentencia reciente que los hijos de Gil, al haber aceptado expresamente la herencia de su padre, son responsables contables del "menoscabo real y efectivo" sufrido por las arcas públicas debido a la "conducta gravemente negligente" del exalcalde.

Parte de la herencia de Gil está formada por acciones del Atlético de Madrid

Por ello, los cuatro hijos deberán responder solidariamente del daño ocasionado a los fondos públicos con los bienes heredados de su progenitor. El límite de la responsabilidad de los herederos es la herencia recibida, por lo que si el valor de esta fuera inferior al dinero que se debe reintegrar al Ayuntamiento, los hijos de Gil no estarían obligados a responder de la diferencia con sus propios bienes.

Parte del patrimonio que Gil legó a sus hijos lo constituyen las acciones del Atlético de Madrid, club de fútbol que presidió el fallecido regidor marbellí. Estos títulos fueron puestos a disposición del Tribunal de Cuentas por parte de la Audiencia Nacional, que los tenía embargados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de Gil por el llamado caso Saqueo.

El fallo, adelantado ayer por el diario Sur, es recurrible en apelación ante el propio Tribunal de Cuentas, y posteriormente en casación ante el Supremo. La causa deriva del informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas realizó en el año 2001 sobre los movimientos en las arcas municipales entre los ejercicios 1990 y 1999 -los años duros del gilismo en Marbella-. Con este informe, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió diversos procedimientos por alcance contable. El que ha sido conocido ahora se incoó el 30 de abril de 2004, apenas dos semanas antes del fallecimiento del exregidor.

El grueso del dinero detraído de las arcas públicas corresponde a las transferencias realizadas entre 1994 y 1999 desde el Ayuntamiento de Marbella a cuatro sociedades del entramado ideado por Gil y su entonces abogado de confianza, José Luis Sierra, para impedir la fiscalización de las cuentas municipales.

En su demanda ante el Tribunal de Cuentas, presentada en 2005, la Fiscalía detectó que en ese periodo un total de 66,37 millones de euros salieron del Ayuntamiento "pero no hay constancia [...] de que los fondos hayan entrado en la sociedad municipal a la que iban destinados".

La cantidad detectada por la Fiscalía era inferior a la detectada por la propia juez del Tribunal de Cuentas, que elevó a 71,24 millones de euros el dinero que se evaporó en las transferencias desde el Ayuntamiento a las sociedades municipales. Sin embargo, la juez recuerda en su sentencia que no puede imponer el pago de una cantidad superior a la reclamada por el ministerio público.

Para fijar la cantidad desfalcada, los inspectores del Tribunal de Cuentas debieron recurrir a analizar las transferencias declaradas por el Ayuntamiento a las sociedades, ya que la contabilidad de esta sigue siendo un misterio. En la sentencia, la juez recuerda la "escasa colaboración e incluso obstrucción de las autoridades municipales" durante el periodo de fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento y las sociedades. Además, pone de relieve que durante la inspección salió a la luz la existencia de seis mercantiles "no comunicadas por el Ayuntamiento, que solo dio cuenta de la existencia de 25".

Además de las transferencias a las sociedades, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha analizado pagos de obras y servicios sin justificar del Ayuntamiento por valor total de 135.850 euros. Entre estos abonos figuran 6.000 euros para la celebración del certamen Linda de España de 1996 o 36.060 euros para los festejos de Navidad y Reyes de 1998.

En la causa, además de Gil, se investigó la responsabilidad contable de los exconcejales gilistas Julián Muñoz, Antonio Luque, Rafael González Carrasco, Marisa Alcalá, Pedro Román y Dolores Zurdo. Todos estos exediles, excepto Zurdo, cuya responsabilidad ha prescrito, deberán devolver a las arcas públicas un total de 197,65 millones, entre el principal y los intereses generados en los últimos 17 años.