Gil, culpable de todo incluso muerto

Todo lo que fue mal en Marbella fue culpa de Jesús Gil y Gil, fallecido en Madrid en mayo de 2004, a los 71 años. Nada se movía sin su plácet, nada escapaba de su mano. Y si alguien se llevó algún dinero público de forma irregular fue porque Gil se lo ordenó. Desde que empezó el juicio del caso Saqueo II (presunto desvío de dinero del Ayuntamiento de Marbella) en la Audiencia Nacional el pasado 18 de abril, han declarado ya más de 20 acusados de una lista de 34, incluidos exalcaldes y exconcejales de los años 90, en plena era Gil marbellí. En los siete días del juicio se han oído todo tipo de argumentos de quienes se sientan en el banquillo. Pero uno se ha repetido sin parar: la culpa fue de Jesús Gil, nadie podía decidir nada en Marbella sin su autorización.

La exalcaldesa Marisol Yagüe se sumó este viernes a la lista de personajes relevantes que han declarado en el juicio y se han sumado a la estrategia de culpar al fallecido Gil. Yagüe fue elegida en 2003 para sustituir a Julián Muñoz al frente de la ciudad cuando Gil y su mano derecha, Juan Antonio Roca, decidieron impulsar una moción de censura para defenestrar a Muñoz. Ella aseguró que “nunca” dispuso de fondos del Consistorio.

Yagüe, que también fue concejal entre 1991 y 1999, contestó a las preguntas de la fiscalía y de su defensa, pero no a las que le formularon los representantes del Consistorio marbellí y de la Tesorería General de la Seguridad Social, personados en el caso como acusación particular.

Sorprendió que durante la vista la fiscalía no le preguntara directamente por el presunto cobro de 11 millones y medio de pesetas. Yagüe, que también se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel en el caso Malaya, descargó las responsabilidades en Gil respondiendo a las preguntas de su propia defensa.

En una declaración que duró apenas 15 minutos, la exalcaldesa aseguró que las cuestiones monetarias las hablaba exclusiva y directamente con Gil. En caso de ausencia de este, acudía al concejal del área pertinente, pero afirmó que esto solo sucedía ante gastos menores como poner una bombilla. “Las decisiones importantes se trataban con Gil o con su secretaria”, explicó.

Al afirmar que trataba los temas directamente con Gil, Yagüe se desmarcó de las sociedades municipales, presunto epicentro del desvío de dinero público. El Ministerio Fiscal pide tres años y medio de prisión para la exregidora, acusada de un delito de malversación de fondos por haber cobrado presuntamente los citados 11 millones y medio de pesetas de la sociedad municipal Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 entre 1997 y 1999.

Yagüe negó rotundamente haber consultado ningún tipo de asunto con esa empresa, pero reconoció haber estado presente en algunas reuniones de la sociedad que presuntamente le pagó. Sin embargo, rechazó haber pertenecido al consejo de administración de esta. “En la vida. Nunca”, aseguró. La exalcaldesa insistió en que declaraba todos sus ingresos (cobraba unas 300.000 pesetas mensuales de la sociedad municipal) y que Hacienda le realizó una inspección durante esos años y le salió “limpia, a cero”.

A diferencia del exalcalde Julián Muñoz y o del factótum Pedro Román, que en sus alegatos finales arremetieron contra Gil (“firmé mi sentencia de muerte el día que entré en la corporación de Gil”, llegó a decir Muñoz), Yagüe no condenó tan explícitamente la gestión del antiguo regidor. “La gente se volcó con él y Gil les correspondía. Quería que todo el mundo en Marbella estuviera contento”.

El juicio se reanudará el próximo lunes con una de las declaraciones más esperadas en el proceso. Comparecerá Juan Antonio Roca, antiguo asesor de Gil, máximo imputado en el caso Malaya y presunto ideólogo de la trama de las sociedades municipales, para quien la fiscalía solicita 10 años de cárcel.

La Audiencia juzga en el caso Saqueo II, el presunto desvío de fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella, que podría alcanzar los 74 millones de euros, perpetrado presuntamente a través de un entramado de 31 sociedades municipales y empresas privadas. La fiscalía también sostiene que se defraudaron 91 millones de euros a la Seguridad Social a la hora de pagar los sueldos a los empleados de esas sociedades. El proceso deriva de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del Grupo Independiente Liberal (GIL) al frente de la ciudad malagueña entre los años 1991 y 1999.