Colau en Bruselas: “España ayuda a los bancos en vez de a las personas”

Tan solo un mes después de que el Tribunal de Luxemburgo diera un varapalo a la norma que ha permitido el desahucio de decenas de miles de personas por considerarla incompatible con la directiva europea de protección de los consumidores, el Parlamento Europeo ha examinado las peticiones de amparo presentadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), así como la de inversores minoristas que se consideran estafados por la venta de participaciones preferentes.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, dijo hoy ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que "el Gobierno ayuda a los bancos en vez de a las personas". "Tanto este gobierno del PP como el anterior ejecutivo del PSOE se han limitado a aprobar rescates para la banca, las mismas entidades que han estafado a gran parte de la población con las hipotecas y otros productos", señaló Colau ante los eurodiputados, a los que quiso hacer llegar el problema de los desahucios en España.

"Nos parece destacable explicar aquí que en España, un país del llamado primer mundo, se vulneran sistemáticamente los derechos humanos", dijo la activista, en relación con el número de personas que se ven desahuciadas y sin vivienda. Señaló también que "los ciudadanos accedieron a la vivienda porque así lo recomendaba el propio Estado" y cuando estalló la crisis inmobiliaria "la responsabilidad recayó no en las entidades financieras que vendieron esas hipotecas sino en las familias más vulnerables".

Colau también dijo a la comisión del Parlamento Europeo que los ciudadanos son los que se han movilizado por los afectados de la hipoteca y que por ello han sido "criminalizados". "Está habiendo una gravísima criminalización, se nos llama nazis y terroristas y se nos ponen altísimas multas", aseguró ante la comisión europarlamentaria.

La Comisión Europea, que estará presente en el proceso, también se pronunciará sobre unas prácticas que se han colocado en el centro del debate político español. Tras la exposición de Colau, intervinieron los funcionarios de la Comisión Europea. El Parlamento ha decidido mantener abierta la cuestión para que la Comisión Europea siga investigando para ver si en España se han vulnerado las normas europeas o no. Al final del proceso, si el Ejecutivo europeo detecta aspectos irregulares podría iniciar un procedimiento de infracción al Gobierno español. Otra posibilidad es que se decida enviar cartas a las autoridades españolas pidiendo más información o mandar una misión de técnicos al país para investigar más a fondo lo sucedido.

La asociación de defensores a los desahuciados denunció al Gobierno español ante la Eurocámara por incumplir el artículo 47 de la Constitución española, que asegura a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda digna. Colau reclamará también la introducción de la dación en pago retroactiva y en todos los casos; y no solo cuando hay acuerdo entre entidades financieras y clientes, como ocurre en la actualidad.

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara recibió también a varios preferentistas que denunciarán ser víctimas de una estafa. Argumentan que las autoridades españolas incumplieron la directiva europea que protege a los ahorradores. La Comisión Europea también dará su opinión sobre este asunto.

Xesús Domínguez, portavoz de la plataforma de Compostela, ha criticado ante los eurodiputados la quita y que el Gobierno español "rescata bancos y olvida a las personas". En su intervención, Domínguez ha defendido que los afectados no son inversores, sino ahorradores, que han sido "víctimas de una estafa masiva" por parte de Novagalicia Banco, que fue "planificada desde los despachos" y mediante la que les han "robado 1.800 millones de euros, los ahorros de miles de personas y familias".

Este portavoz ha situado en 80.000 las personas afectadas en Galicia y ha señalado que, ante la necesidad de la banca de obtener fondos por el estallido de la burbuja inmobiliaria, pasó a "vender a sus clientes dos productos financieros de alto riesgo". Para "consumar el engaño", ha relatado, emplearon dos mecanismos, el de "mentir a sus clientes, dar información falsa, ocultar las consecuencias de esos productos, asegurando que eran opciones ventajosas y seguras, a personas con nula formación económica y financiera" y el de "hacerse con los ahorros de los clientes, sin su consentimiento, sin pedir autorización y sin información".

"¿Debemos aceptar que nos roben nuestros ahorros y pagar la deuda del banco porque nos convierten en inversores?", ha cuestionado. "No apostamos en bolsa, no especulamos con fondos de inversión, no sabemos nada de finanzas, somos ahorradores", ha protestado.