Griñán plantea condonar la deuda a las pymes cuando liquiden sus bienes

Aún no hay una propuesta cerrada, pero desde Andalucía se pretende proteger al llamado deudor vulnerable; es decir, a personas o pymes y autónomos que, en cumplimiento de sus obligaciones de pago, se vean en riesgo de exclusión social o no puedan reanudar su actividad profesional. En el caso de las pequeñas y medianas empresas lo que se pretende es que estas vean saldada su deuda cuando embarguen sus bienes, aunque estos no cubran el total del pasivo.

La propuesta la lanzó el jueves pasado, en una conferencia en Alicante, el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, quien planteó elevar el mínimo inembargable a los deudores. El también presidente del PSOE está convencido de que para combatir la desigualdad no bastan medidas asistenciales y que son necesarias nuevas fórmulas de actuación en el derecho privado.

La iniciativa aún está en fase de estudio y todavía no hay detalles concretos, pero en ella está trabajando un equipo de la Universidad de Sevilla, dirigido por el catedrático de Derecho Civil y expresidente del Parlamento andaluz, Ángel López. Él debe perfilar si la comunidad tiene competencias para aplicar alguna de estas reformas; algo que, en principio, parece muy improbable, según fuentes de la Junta.

La propuesta actúa en tres campos. Por un lado, se trataría de “garantizar una renta vital digna” a aquellos ciudadanos sometidos a un proceso de embargo, “mediante la elevación del mínimo inembargable”, señaló Griñán. Este mínimo lo fija el salario mínimo profesional, estipulado en 645,30 euros mensuales. En el caso de las ejecuciones hipotecarias, el suelo es de 961 euros.

Para las pequeñas y medianas empresas y autónomos, Griñán persigue que se les permita que “en una situación de imposibilidad para hacer frente a sus deudas, una vez ejecutado y liquidado el patrimonio embargable, las deudas queden extinguidas y la actividad profesional o empresarial pueda continuar desde cero”. Se trataría de establecer una especie de punto final a este tipo de deudor, aunque no haya podido saldar toda la carga contraída. Esta medida, sostiene el presidente andaluz, redundaría en beneficio de la economía, como ocurre, asegura, en Estados Unidos.

La tercera pata de la propuesta afectaría a los trabajadores de empresas en concurso de acreedores. Griñán quiere que la ley concursal obligue a que el pago de salarios atrasados o de indemnizaciones por despido tengan “prioridad absoluta o al menos una enorme preferencia” para la empresa a la hora de saldar la deuda contraída.

Estas propuestas escapan de la legislación autonómica y deberá ser el Congreso el que, llegado el caso, afronte un cambio normativo muy complejo y extenso en derecho mercantil, civil y laboral. Aunque habrá casos, todavía sin precisar, en que la comunidad pueda firmar acuerdos con asociaciones para proteger al consumidor de cláusulas consideradas abusivas de determinados productos financieros, la idea es que este debate llegue a las Cortes. Lo que sí quiere Griñán es que el sello de Andalucía quede registrado como promotor de la iniciativa. El Gobierno autónomo va a plantear que sea el Parlamento andaluz el que remita a la Mesa del Congreso de los Diputados estas reformas legislativas, a través de una proposición de ley aprobada en la Cámara andaluza. Esta vía ya se utilizó para reclamar la delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por Andalucía.