Los grupos parlamentarios fuerzan al PP a revisar el funcionamiento del Congreso

Todos los demás grupos parlamentarios empujan al PP a estudiar una revisión del funcionamiento del Parlamento. A rastras y sin prisas, pero el martes se constituyó una subcomisión con presencia de todos los partidos para reformar el Reglamento del Congreso y este miércoles la sesión de control al Gobierno fue el ejemplo perfecto de lo que casi todos los grupos quieren cambiar: que se puedan hacer preguntas sobre asuntos recientes, que el Parlamento gane eficacia y que el Ejecutivo tenga que rendir cuentas de forma eficaz en la Cámara.

Cada vez más la oposición se ve obligada a improvisar para hablar sobre hechos recientes y el Gobierno se acoge al reglamento para responder, en un diálogo de sordos, con las fichas preparadas por sus asesores durante los últimos cuatro días.

Rosa Díez (UPyD) tuvo que presentar en el registro el pasado viernes una pregunta sobre transparencia y este miércoles incluyó sobre la marcha una referencia a la reunión secreta conocida luego entre el presidente del Gobierno y el lehendakari en La Moncloa. Y Mariano Rajoy le contestó lo que tenía previsto: el alarde sobre la ley de transparencia como “la más avanzada de toda Europa”.

Díez le pidió cuentas sobre la reunión con Iñigo Urkullu y el presidente improvisó solo una frase que mostró su nulo interés en responder a lo que se le preguntaba: “El sosiego, la tranquilidad y la discreción en muchas ocasiones son buenos consejeros y no lo es tanto el exhibicionismo o la notoriedad”. A partir de ahí ya no hay forma de hacer que Rajoy rinda cuentas ante la Cámara.

Por eso, UPyD propondrá que la reforma del Congreso busque imitar el modelo británico para que las preguntas al Gobierno se registren en las horas previas y no cinco días antes, por entender que el actual reglamento “hace burocrática la acción del parlamento y esclerotiza el debate”. Según Díez, el actual funcionamiento protege al Gobierno, en vez de proteger la función de los diputados. “Es por eso que PSOE y PP no lo han querido cambiar nunca, porque alternativamente les beneficia”, añade.

Luego preguntó a Rajoy el líder de la oposición, quien cambió sobre la marcha su pregunta inicial, para adaptarla a acontecimientos posteriores a su presentación y se encontró también con que el presidente se atenía a la literalidad del enunciado inicial para eludir la respuesta. Alfredo Pérez Rubalcaba presentó el viernes una pregunta sobre las previsiones de la semana pasada de la UE e incluyó la petición de explicaciones sobre posibles nuevos recortes por exigencia de Bruselas y mencionó el último y demoledor informe del FMI. Y Rajoy se ciñó a la UE y ni mencionó siquiera el informe del FMI sobre el que no volverá a hablar al menos hasta el próximo miércoles, nueve días después de emitirse las nuevas previsiones.

A continuación, Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE, metió en su pregunta una referencia a la información publicada por EL PAÍS sobre Bárcenas y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hizo caso omiso, como si no hubiera oído nada. La frase de la socialista ilustra la forma en que la oposición debe meter con calzador los temas de actualidad: “La contabilidad nacional no la hagan ustedes como la del PP, troceando donaciones; formen una vicepresidencia económica que coordine porque usted señora vicepresienta ni coordina ni comunica”.

También por eso el PSOE pedirá en la reforma del Reglamento que se improvisen preguntas para que no se puedan llevar preparadas respuestas y réplicas y para que el presidente del Gobierno se someta a interpelaciones, es decir, debates menos constreñidos en dos minutos de tiempo. También que el pleno sirva para los debates políticos, dejando los técnicos para las comisiones y evitando lo que ocurrirá de nuevo hoy cuando la reforma de la ley hipotecaria se apruebe en comisión sin pasar por el pleno. Su propuesta definitiva de reforma pasará el filtro de la convención del PSOE en el que, por ejemplo, se estudiará una fórmula para dar más eco y viabilidad a las iniciativas legislativas populares.

Izquierda Unida no pudo preguntar al presidente y, por eso, la subcomisión de reglamento arranca con un escrito de la formación de Cayo Lara que pide aumentar el cupo de iniciativas de los grupos para limitar el bipartidismo y obligar a, al menos, una comparecencia en pleno del presidente por periodo de sesiones si así lo piden dos grupos parlamentarios. Desde que se inició la legislatura el PP ha frenado más de 20 peticiones de comparecencia del presidente. IU pide también fórmulas de contacto directo de los diputados y los electores.

Jesús Posada, presidente del Congreso, prometió a los grupos el martes que quiere avanzar en la reforma, aunque los precedentes no acompañan esa voluntad. Por un lado porque desde los años 90 se estudia una reforma similar sobre la que hay trabajos concluidos, pero que los sucesivos gobiernos han bloqueado. Y también porque, al tiempo, Posada comunicó a los grupos que por falta de unanimidad rechaza una de las últimas propuestas de transparencia: que se hagan públicas las nóminas de cada diputado. Muchos parlamentarios habían trasladado su preocupación porque se conocieran sus ingresos y sus vicisitudes personales como embargos o pensiones por divorcios descontadas de sus nóminas.

Los grupos nacionalistas han mostrado su interés por volver a proponer el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara, de forma similar a como se hace en el Senado. Esta idea, que el PP rechaza, sirvió de excusa a los populares en otras legislaturas para frenar esa reforma del Congreso.

En paralelo, en el Senado avanza una reforma de la Cámara alta pactada por todos los grupos que requerirá un cambio constitucional. En este caso, el texto estará acabado en junio porque el trabajo estaba hecho y bloqueado desde 1996, pues desde entonces no hubo voluntad de los partidos por avanzar en el acuerdo.

La reforma constitucional “blanda”, que sería la tercera, afectará a las funciones del Senado como Cámara de primera lectura en asuntos autonómicos y de reforma de estatutos. La izquierda y los nacionalistas aceptan renunciar a una reforma agravada sobre la composición del Senado, que requeriría un referéndum y la disolución de las Cortes, para lograr un acuerdo que impulsa el presidente de la Cámara alta, Pío García Escudero.