“No puede decirse que se nos alertó del fraude de los ERE”

La investigación judicial caso de los ERE ha destapado nuevas irregularidades en un fraude que suma ya más de 136 millones de euros entre intrusos (personas que cobraron prejubilaciones por empresas en las que no trabajaron), ayudas indebidas a empresas y sobrecomisiones. El presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán (Madrid, 1946), defiende que no es el momento de asumir responsabilidades políticas y que hay que esperar a que se esclarezca el caso para tomar decisiones.

Pregunta. Después de dos años de investigación judicial, nadie entiende por qué la Junta de Andalucía tuvo un foco de corrupción 10 años en la Consejería de Empleo sin que nadie hiciese nada. ¿Puede explicarlo?

Respuesta. Lo que se ve ahora, cuando se sigue el rastro del dinero, es que había una concertación de intereses fuera con una complicidad dentro. Y cuando se tiene un cómplice dentro, cuando el encargado de la legalidad está dispuesto a unirse a la trama, es mucho más difícil detectarlo.

P. Se puede contar con un cómplice en la Administración, pero también fallaron todos los controles internos.

R. Fallan siempre que ocurre esto. El problema no es si se tardó mucho o poco, que se tardó, como que cuando se conoció el fraude se actuara o no se actuara. Y se actuó.

P. Usted niega que el procedimiento con el que se daban las ayudas sociolaborales causase la corrupción, pero es indudable que el sistema permitía opacidad y la facilitó.

R. Es el mismo sistema que se viene aplicando en España desde 1980. Era un acuerdo entre empresas, trabajadores y la compañía aseguradora.

P. Usted llega a la Junta de Andalucía en 2004, cuando el fondo de los ERE ya llevaba tres años. ¿Cuándo conoció el procedimiento con el que se daban las ayudas?

R. Cuando se empiezan a ver los intrusos y pregunto cuál es el procedimiento.

P. ¿Y qué le pareció?

R. Pues mire, se podía haber hecho más seguro. La Intervención manifestó una discrepancia en 2005 y se la envió a la Consejería de Empleo para que hiciese alegaciones. Empleo las hizo y lo mantuvo. Es en 2010 cuando la Intervención hace la segunda advertencia y se cambia el procedimiento. Esto quiero dejarlo muy claro porque hoy [por el viernes] he visto algo en el editorial de EL PAÍS que no es exacto.

P. ¿Qué no es exacto?

“El procedimiento para dar las ayudas se podía haber hecho más seguro”

R. La Intervención no descubrió nunca fraude ni menoscabo de fondos públicos.

P. No, el editorial lo que dice es que alertó del procedimiento…

R. Perdone, no alertó del procedimiento.

P. Sí, dijo que el procedimiento estaba al margen de la ley.

R. ¡Es que no alertó! La Intervención manifestó discrepancias contables con el procedimiento y pidió un informe contradictorio a Empleo, que consecuentemente elevó sus alegaciones.

P. Bueno, manifestó su discrepancia con un procedimiento que sitúa al margen de la ley.

R. ¿Y ante la discrepancia de un procedimiento tiene que actuar la Consejería de Hacienda?

P. La Intervención sitúa el procedimiento al margen de la ley.

R. No.

“La Intervención nunca descubrió menoscabo de fondos públicos”

P. Dice que se daban las ayudas “prescindiendo del procedimiento administrativo previsto en la ley”.

R. Bien, vamos a eso. La Intervención dice que no se sigue el procedimiento de subvenciones. Hay una discrepancia entre la Intervención y Empleo. ¿Qué puede hacer la Consejería de Hacienda?

P. ¿Como consejero de Hacienda no pudo hacer algo?

R. No, no… La ley hay que conocerla antes de hacer una afirmación porque se puede dañar a las personas. Hacienda no tiene superioridad alguna sobre cualquier otra consejería. Solo se puede modificar un procedimiento a partir de una decisión de la propia consejería tras una objeción de la Intervención o cuando la Intervención formula objeciones para elevarlas al Consejo de Gobierno y que este resuelva. ¡Nunca Hacienda puede modificar un procedimiento!

P. Insisto, ¿no fue suficiente que la Intervención dijese que se usaba un procedimiento no previsto en la ley?

R. Eso se manifiesta decenas de veces.

P. ¿Decenas de veces?

R. ¡Decenas y centenas! Lo que no se puede es mirar por el retrovisor y decir que se alertó del fraude. ¡No hagamos trampas! La Intervención discrepó de un procedimiento como hay cientos de veces que discrepa. Por esa razón la viceconsejera [Carmen Martínez Aguayo, hoy consejera de Hacienda] nunca puso a mi disposición ningún informe.

P. ¿Ha preguntado a su consejera por qué no lo hizo?

R. Le pregunté si esos informes existían. Me dijo que sí y me enseñó muchísimos que dicen lo mismo.

P. ¿No cree que la consejera cometió un error al no avisarle?

R. No. Eso es dar por supuesto que de haberme avisado se podía haber hecho otra cosa. Y no es verdad.

P. Se diluyen entonces todas las responsabilidades…

“Puedo enseñar 200 informes con discrepancias sobre procedimientos”

R. No, en absoluto, pero no se pueden pedir en función de intereses partidarios. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Puedo enseñar 200 informes de la Intervención o del Tribunal de Cuentas con discrepancias sobre el procedimiento. La Intervención detectó un procedimiento que creía inadecuado, pero no un fraude.

P. ¿Se equivocó al no aceptar que la comisión de investigación de los ERE señalase a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera [diputado en el Congreso] y Antonio Fernández como responsables políticos?

R. Con una investigación penal en marcha, las comisiones de investigación tienen un inconveniente. Ningún imputado va a querer declarar y, normalmente, son los que más conocimiento pueden tener. Tenemos a un consejero imputado y a otro no.

P. Pero Viera está siendo investigado.

R. ¿Eso lo sabe usted?

P. La Guardia Civil lo dijo.

R. ¿Dónde?

P. En un atestado destacó su “papel esencial” en el caso.

R. ¿Está diciendo que la Guardia Civil investiga a un aforado? Es gravísimo lo que dice. Una cosa es que se pueda investigar algo y otra que se esté investigando a una persona aforada.

P. Usted también lo sabe, eso se ha publicado.

R. No, yo no lo sé. Estamos viviendo un mundo en el que la ley da lo mismo. Aquí basta con que uno atribuya lo que quiera a quien quiera y porque quiera. Es una barbaridad. Para sustanciar la responsabilidad penal estamos pendientes de muchas cosas. Y la determinación de la responsabilidad política es muy difícil hacerla ahora.

“Asumiremos las responsabilidades políticas cuando se aclare el caso”

P. ¿Por qué es difícil?

R. Le recuerdo el caso del expresidente de Castilla y León Demetrio Madrid, que fue acusado de un delito, dimitió y luego fue absuelto.

P. Estoy hablando de responsabilidad política.

R. Y yo le estoy hablando de un caso de responsabilidad política que se asumió cuando no había responsabilidad política ni penal. Dejemos que se sustancie el caso y luego asumiremos las responsabilidades que haya que asumir, todas.

P. ¿Se refiere a esperar a que acabe la vía penal?

R. No, al conocimiento de los hechos. Lo más importante es esclarecer los hechos. Cuando se conozcan, se verá cuáles son las responsabilidades, las penales y las políticas.

P. Su consejera de Hacienda ha dicho que Viera y Fernández son responsables políticos.

R. Siempre estoy de acuerdo con mi consejera de Hacienda. Con Carmen Martínez Aguayo puedo estar de acuerdo o no y ella lo ha dicho como Carmen Martínez Aguayo.

P. ¿No como Gobierno?

R. No, por supuesto. Yo tengo mi criterio, pero como responsable público debo tener mucho cuidado con lo que digo.

P. ¿Y cuál es su criterio?

R. ¿Me hace una entrevista a mí o al presidente de la Junta?

P. A usted como presidente de la Junta.

R. Pues entonces no lo puede saber.

P. ¿Había riesgo de fractura en el grupo parlamentario del PSOE si señalaban a Viera y Fernández en la comisión?

R. Creo que no. No hay nadie del grupo que no quiera que se depuren las responsabilidades.

P. El fondo se creó con el Gobierno de Manuel Chaves. ¿Han hablado alguna vez del fraude?

R. No.

P. Sorprende que no lo hayan hecho.

R. No hemos tenido que hablar. Los dos procedemos del mundo laboral y sabemos qué son estos fondos, que siempre han existido. Y no tengo duda de la legalidad de los fondos, que estaban en los Presupuestos con una memoria de a qué se tenían que dedicar.

P. ¿Alguien del equipo de Chaves, en el Gobierno o en el PSOE andaluz, le ha reprochado su actuación en el caso?

R. Jamás. Y no lo habría consentido.

P. ¿No ha recibido presiones en este sentido?

R. En la vida, en la vida.

P. ¿Sabe si hay malestar con su actitud?

R. A mí no se me ha transmitido. Es más, algunas personas que estaban antes están de acuerdo con lo que hemos hecho y me lo han expresado, directa o indirectamente. ¿Que puedan estar molestos? No lo sé. Pregúnteselo a ellos.

P. ¿Fue un error minimizar el caso?

R. Yo nunca lo he ninguneado. Dije que se investigase hasta el final y que no se iba a reparar en nadie. He tenido dolor personal porque hay imputados con los que he tenido relaciones afectivas.

P. La juez apunta a que, además de Javier Guerrero, hay más altos cargos que recibieron sobornos. ¿Sospechan quiénes?

R. Es importante que eso se sepa.

Si hay algún alto cargo que ha cobrado comisiones, que las devuelva y se le enjuicie.

P. La juez sigue pensando que todo el fondo es ilegal y que se creó para generar beneficios particulares.

R. No dialogo con la juez, pero resulta sorprendente que los que malversaban dinero público provocaran la crisis de Delphi o la de la minería de Huelva