Desconcierto en Euskadi tras el bloqueo de la política penitenciaria

El endurecimiento de la política penitenciaria del Gobierno de Rajoy con su campaña beligerante en defensa de la doctrina Parot —la aplicación retroactiva de una norma que implica más tiempo de prisión para los presos más veteranos de ETA— y el cierre de la vía Nanclares de reinserción para los reclusos de la banda, además de la expulsión de la dirección política de ETA de Noruega, donde estaba instalada tras su cese definitivo en octubre de 2011, ha desconcertado al PNV y al PSOE y ha reabierto el debate en ETA y Sortu sobre la estrategia a seguir.

Las “consecuencias negativas” a las que se refería ETA en su comunicado de protesta del martes por la expulsión de su dirección política de Noruega, donde estaba a la espera de negociar el desarme con el Gobierno, no son una amenaza de regreso al terrorismo, según ha confirmado el presidente de Sortu, Hasier Arraiz.

No sólo Sortu no lo toleraría. ETA tampoco está en condiciones materiales de regreso al terrorismo. Los expertos valoran que ETA no dispone de más de 30 activistas y cuenta, además, con recursos económicos muy escasos al haber cesado la extorsión a los empresarios hace ya dos años. Su estructura militar está prácticamente desmantelada y solo mantiene un aparato logístico para proteger a sus militantes. El potencial de ETA está en sus más de 600 presos, encarcelados en España y Francia, y cuando la banda se refiere a las “consecuencias negativas”, algunas fuentes señalan que la amenaza apunta hacia una protesta generalizada de sus reclusos contra la política penitenciaria del Gobierno.

Sortu, ante el inmovilismo del Gobierno en política penitenciaria, tiene puestas sus expectativas en las resoluciones del Foro Social, que Lokarri reunió en San Sebastián y Pamplona el 15 y 16 de marzo con amplia presencia de especialistas internacionales en resolución de conflictos que debatieron sobre desarme y presos.

Las resoluciones se conocerán la segunda quincena de abril y Sortu parece dispuesta a asumir una iniciativa unilateral para los presos de ETA en la dirección de su reinserción individual para forzar al Gobierno a flexibilizar su política penitenciaria.

ETA tiene de plazo septiembre para tomar una decisión

Otra cuestión es que ETA esté dispuesta a asumir esa iniciativa para sus presos o que decida unilateralmente avanzar hacia el desarme, como le reclaman los partidos vascos, PNV y PSE a la cabeza, una vez que el Gobierno no solo rechaza el diálogo con ella sino que ha logrado la expulsión de su dirección política de Noruega. ETA tiene de plazo septiembre para tomar una decisión ya que el Comité de Verificación Internacional ha fijado esa fecha para que se vean avances pues, en caso contrario, se disolvería. Pero la reciente decisión del Gobierno de Rajoy de bloquear la vía Nanclares de reinserción de presos etarras, que instauró el Gobierno socialista y acogió algunas decenas de veteranos de la banda, ha desconcertado al PNV y PSE, que han decidido romper su compromiso de silencio con la política penitenciaria del Gobierno con los presos etarras.

Sortu presentará una iniciativa sobre los presos de ETA a finales de abril

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, del PNV, ha reprochado estos días a Rajoy su campaña beligerante en defensa de la doctrina Parot y su inmovilismo en política penitenciaria. Este fin de semana, el exlehendakari Patxi López, del PSE, también ha reprochado al Gobierno su beligerancia a favor de la doctrina Parot y el bloqueo de la vía Nanclares, que supuso que decenas de presos de ETA asumieran el rechazo al terrorismo y el reconocimiento del daño causado a las víctimas. “El Gobierno debía hacer ya una política diferente en política penitenciaria pues la legislación permite la reinserción y el acercamiento de presos”, ha dicho López.

Ambos partidos temen también que la ausencia de salidas del Gobierno a los presos de ETA dispuestos a reinsertarse impida una consolidación ordenada del final de ETA con el consiguiente riesgo de la reaparición de grupos incontrolados de la banda. Sobre este punto llamó la atención la Comisión de Verificación Internacional en su visita en febrero al País Vasco. A su vez, el presidente de Sortu ha advertido a Rajoy del riesgo de que su inmovilismo se traduzca en “un activo para el proceso soberanista” en Euskadi.

No obstante, el PNV y el PSE mantienen la exigencia pública a ETA de que continúe con su política de decisiones unilaterales, sin negociación previa con el Gobierno, hasta consolidar su final como lo hicieron con sus últimas treguas y su cese definitivo en octubre de 2011. Le reclaman que decida unilateralmente, también, lo que resta para ese final, como es el desarme y la disolución, lo que facilitaría la aplicación por el Gobierno de medidas penitenciarias flexibles para sus presos.

Pero Sortu no se termina de fiar. El cierre por el Gobierno de la vía Nanclares le hace temer que el Ejecutivo no está dispuesto a dar ningún paso a favor de los presos, incluso si ETA se desarmase unilateralmente. El PNV y el PSE tienen a su vez su propia estrategia para consolidar el fin de ETA. Pasa por un amplio acuerdo en el Parlamento vasco con la integración del PP y Sortu, que, por su a naturaleza, la amplitud, será muy lento. El 11 de abril se constituye la ponencia Paz y Convivencia en la que pretenden acordar posiciones unitarias sobre víctimas, memoria y presos. Sobre presos, su pretensión es que la ponencia acuerde los requisitos para que un preso se reinserte. Una decisión política unánime sería un argumento de peso para contrarrestar las presiones que Rajoy sufre desde los sectores más radicales y sus medios afines, así como de algunas asociaciones de víctimas.