El PP adelanta que no aceptará la dación en pago universal en el trámite de la ley

El Grupo Popular reconoce paladinamente que esta dispuesto a arrostrar las consecuencias que puedan derivarse de su negativa a aceptar la dación en pago universal y retroactiva como forma de saldar la deuda de quien no pueda pagar la hipoteca. "Ni ahora ni en la tramitación parlamentaria", precisan en fuentes gubernamentales, después de presentar las enmiendas a la Iniciativa Legislativa Popular. La ponencia para empezar la tramitación de la ley se convocará después de Semana Santa y ya se prevé el desacuerdo toda vez que el resto de los grupos parlamentarios sí aceptan los puntos básicos de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Estos son, además de la dación en pago universal como forma de saldar la deuda; la paralización de la ejecución de los desahucios o lanzamientos y la creación de un parque de viviendas de alquiler social para los afectados por el impago de hipotecas. Entre el Congreso y el Senado la tramitación de la futura ley estará todo el mes de abril y parte de mayo en sede parlamentaria y entrará en vigor antes de que empiece el verano.

La mayoría parlamentaria del PP echará abajo la ILP que llegó al Congreso avalada con millón y medio de firmas aunque todo los apartados que plantea serán mencionados en la futura ley que salga de subsumir la ILP con el decreto – Ley del Gobierno, pasado todo ello por la inclusión de apartados y contribuciones de todos los grupos parlamentarios a través de sus enmiendas. La dación en pago; la paralización de los desahucios, la rebaja de los intereses de demora; la intervención del juez e incluso del notario para paralizar las ejecuciones de desahucio y la creación de un gran parque de alquiler con precios bajos van a ser aprobados por primera vez en España. Ahora bien, muy por debajo de las demandas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la iniciativa popular y de las propuestas de la oposición.

Aún así fuentes gubernamentales se muestran satisfechas con el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Economía, impulsor decisivo y definitivo de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, y aún hay disposición para algún cambio más, tras escuchar a la oposición, pero no del calado que querrían esos grupos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El concepto de "segunda oportunidad" para los que no pueden pagar la hipoteca y que defiende la portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, se refleja en las enmiendas del PP porque “se dan facilidades de pago” antes de llegar a la entrega de la vivienda. La novedad está en que las facilidades también alcanzan a los avalistas que ahora y desde hace décadas responden con su vivienda el impago del familiar, normalmente un hijo.

Se eleva a cuatro veces el IPREM —el baremo que da derecho a entrar en el umbral de exclusión para no ser desahuciado, ahora fijado en 532,51 euros al mes— para las personas con una discapacidad superior al 33% y dependientes. Además, se amplían todos los umbrales que recoge ahora el Código de Buenas Prácticas, que se ha revelado absolutamente insuficiente porque la mayoría de los ciudadanos quedaba excluido. En la futura ley se incluirá un nuevo procedimiento de subastas, del que el PP resalta que su precio de partida no podrá ser inferior al 75% del valor de tasación. Las recomendaciones de que no se comience un proceso de ejecución de desahucio hasta que no se produzcan tres impagos se recogen en las enmiendas del PP, aunque la novedad es que no tienen que ser consecutivos. En aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que declaró abusiva la legislación hipotecaria española, se da competencia a un juez para que paralice la ejecución de desahucio hasta que no se aclare si, en efecto, se han aplicado al deudor cláusulas abusivas.

La música puede parecerse, pero no la letra, si se comparan estas enmiendas con las del PSOE. De entrada, estos aceptan la Iniciativa Popular al completo, al igual que la mayoría de los grupos de oposición. Una de sus enmiendas señala que, después de haber pagado el 75% de la vivienda, el deudor podrá seguir ocupándola, pagando una cantidad equivalente al 30% de los ingresos familiares para saldar la deuda. Entre los beneficiarios estarán los avalistas y también aquellos autónomos que pusieron sus locales como garantía de la hipoteca. La paralización cautelar del procedimiento de ejecución queda en manos de los jueces, si se constata que ha habido cláusulas abusivas. Aquí no hay gran diferencia entre los enmendantes porque todos están unidos por la sentencia europea de Luxemburgo que constató lo injusto de la ley hipotecaria española que el Gobierno va a cambiar, aunque no en la medida y alcance que quiere la oposición (PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, UPyD, ERC y Grupo Mixto ) y la calle.