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Detenidos por torturas y drogas nueve guardias civiles llamados “el Grupo 7”

“Delinquieron y torturaron de uniforme”, dice el coronel que dirigió su captura en Canarias En la operación han sido arrestadas otras 12 personas Se han intervenido 1.000 kilogramos de hachís También se les imputan delitos de torturas, amenazas, falsedad documental...

La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento (c), acompañada por el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz (i) y por el director general de la Administración del Estado en Fuerteventura, José Agustín Medina González (d), durante la rueda de prensa que han ofrecido hoy para informar sobre la "Operación Botavara".
La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento (c), acompañada por el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz (i) y por el director general de la Administración del Estado en Fuerteventura, José Agustín Medina González (d), durante la rueda de prensa que han ofrecido hoy para informar sobre la "Operación Botavara".Ángel Medina G. (EFE)

"Cometieron delitos de tortura, sí. Con el uniforme, sí". Ricardo Arranz, coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, explicaba así parte de los presuntos delitos cometidos por nueve agentes del cuerpo que se hacían llamar “el Grupo 7”. “Debe ser que hay una película, o algo así”, añadió el coronel Arranz al explicar la operación la Operación Botavara, desarrollada en Fuerteventura y que ha acabado con la detención de 21 personas, nueve de ellas miembros del instituto armado. La investigación ha llevado a la incautación de casi 1.000 kilos de hachís.

Los guardias civiles detenidos conformaban “una organización con cabecillas y perfectamente jerarquizada”, pero cuya estructura “no respondía a la jerarquía que había dentro de la Guardia Civil: el que más rango tenía no era el que más mandaba”. La investigación arrancó en noviembre, pero tomó velocidad en la madrugada del 20 de febrero, cuando una patera cargada de droga intentó arribar a la costa norte de Fuerteventura, a la zona de El Cotillo. La Guardia Civil ya vigilaba a sus propios compañeros que esperaban la llegada de la barquilla. Esta encalló en la orilla. Cuando al día siguiente los miembros de la trama delictiva acudieron a recoger los fardos, los guardias civiles buenos los detuvieron.

Cinco de los guardias civiles malos siguen en prisión desde que fueron detenidos y forman parte del eje central de la organización que se investiga en esta operación. La Comandancia de Las Palmas está convencida de que en su trabajo delictivo “se valían de la impunidad que les confería portar el uniforme de la Guardia Civil, manchando el honor de los profesionales que pertenecen al instituto armado”.

Los principales acusados cargan con delitos de torturas, amenazas, detenciones ilegales, tráfico de drogas, contra las garantías constitucionales, falsedad documental en diligencias y actas y otros más. “Han dejado pocos delitos del Código Penal sin tocar”, sintetizó Arranz, visiblemente dolido por cómo habían actuado sus compañeros. Incluso dentro del propio cuerpo los acusados de movían con una especie de “un halo de superioridad y jactándose de ser buenos policías”, explicó el coronel de la Guardia Civil, que ejerció como portavoz ante la prensa.

La banda desarticulada tenía conexiones con Marruecos, país del que procedía la droga con la que obtenían pingües beneficios. Dos de los detenidos son de nacionalidad marroquí.

La banda liderada por los guardias era considerada como una de las “importantes” en el norte de Fuerteventura, por el volumen de droga que movían. Una vez que los agentes fueron detenidos, los vecinos de la zona han aportado una gran cantidad de información sobre cómo trabajaban. Hasta entonces, había un total silencio: “Estaban asustados”, aseguró Arranz.

Las supuestas torturas de las que son acusados se produjeron en las instalaciones del cuerpo, donde habrían provocado lesiones “o cualquier otra cosa”, según Arranz, a quienes caían en sus manos. El instituto armado investiga los atestados que realizaron los detenidos para saber exactamente cuanto tiempo llevaban delinquiendo “con el uniforme puesto”.

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