Denegado el régimen abierto a dos etarras con delitos de sangre

La Secretaría General de Instituciones Penitencarias ha denegado el tercer grado (la semilibertad) a dos etarras y ha prohibido salir de prisión varias horas al día a un tercero al considerar que, a pesar de haberse acogido a la denominada vía Nanclares, aún les queda mucha condena por cumplir. La vía Nanclares es un proyecto de reinserción para los terroristas que han decidido dar pasos hacia el fin de la violencia y colaborar con la justicia.

Según fuentes de Prisiones, los dos etarras a los que se ha denegado el tercer grado son Kepa Pikabea Ugalde e Iñaki Recarte Ibarra. El preso al que no se ha concedido acogerse al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite que el recluso salga durante unas horas a diario, es Aitor Bores Gutiérrez.

Pikabea, conocido como Kepa de Hernani, fue dirigente de ETA en los años ochenta. Detenido en Francia en 1994, fue condenado en España a 192 años de cárcel por una veintena de asesinatos. Al igual que Iñaki Recarte, que fue el autor de un atentado con coche bomba en Santander en 1992 que costó la vida a tres personas, Pikabea renunció a la violencia terrorista y criticó desde prisión la estrategia de la banda. En 2008, el diario Gara publicó una información sobre su expulsión del colectivo de presos vascos por no someterse a las directrices de esta asociación y reunirse con Txema Urkijo, asesor de la Oficina de Víctimas del Gobierno vasco.

Por su parte, Aitor Bores fue condenado en 1999 a 73 años de cárcel por cinco delitos de terrorismo. Colocó dos artefactos explosivos en el interior de la base militar de Araca (Álava), que causaron traumas sonoros con severas pérdidas de audición a varias personas.

Los tres asumieron hacerse cargo de la responsabilidad civil por sus atentados. La Junta de Tratamiento de la prisión de Alava aprobó las medidas solicitadas por estos internos, pero la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias las ha denegado recientemente.

Fuentes consultadas por la agencia Efe destacan que lasdecisiones de las Juntas de Tratamiento no son vinculantes y precisan que los motivos por los que no se conceden los beneficios solicitados son las largas condenas de cárcel a las que fueron sentenciados y la alta responsabilidad civil que deben abonar aún por delitos que costaron la vida a 23 personas. Pikabea llegó a asegurar que “la estrategia político-militar es cruel e inhumana y además conduce al fracaso”.