Sumarios sobre terrorismo de ETA y el 11-M ya crearon conflictos de competencia

Los conflictos de competencia entre jueces, sin ser frecuentes, se viven con cierta naturalidad en la Audiencia Nacional. Las hemerotecas devuelven algunos ejemplos de este tipo de pugnas entre magistrados por asumir la investigación de algunos casos, generalmente relevantes y con importantes implicaciones políticas.

En julio de 2007, tres jueces de la Audiencia Nacional —Baltasar Garzón, Fernando Grande-Marlaska y Juan del Olmo— se disputaron la causa sobre los contactos del Gobierno con ETA a raíz de la detención en Francia de los dirigentes terroristas Jon Iurrebaso y Kepa Suárez, que llevaba consigo, en el momento de su arresto, teléfonos de personas de España y Francia que participaron en un proceso de conversaciones con la banda armada.

Garzón, a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, había reclamado a Del Olmo la comisión rogatoria remitida por la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, que había pedido información sobre los contactos mantenidos por Iurrebaso, quien se había identificado en el momento de ser detenido como integrante del aparato de interlocución de ETA. Tras un tira y afloja de varios días, Del Olmo accedió a entregar el caso a su colega.

Tres años antes, en abril de 2004, Del Olmo y la magistrada Teresa Palacios mantuvieron otra dura pugna por la competencia sobre la explosión en el piso de Leganés (Madrid) en la que se suicidaron siete islamistas radicales y falleció el geo Javier Torronteras tras la matanza del 11-M. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional entonces, Eduardo Fungairiño se situó del lado de Palacios, al considerar que acumular el caso de Leganés con los atentados de los trenes daría lugar a un macrosumario perjudicial para la instrucción. Sin embargo, al final Del Olmo acabó acumulando la investigación de los dos sucesos.

En 1995, otra causa relacionado con ETA —en este caso, la guerra sucia contra la banda terrorista— fue objeto de disputa entre jueces. Sin embargo, en esta ocasión, la pugna no fue entre magistrados de la Audiencia Nacional, sino entre jueces de este órgano y las audiencias provinciales de Alicante y Gipuzkoa. Los jueces territoriales se negaban a inhibirse en la Audiencia Nacional en el caso Lasa y Zabala, sobre el asesinato de los dos miembros de ETA cuyos cadáveres fueron encontrados en Alicante enterrados en cal viva.

Los magistrados Baltasar Garzón y Carlos Bueren tuvieron que pugnar, primero con la juez alicantina Carmen Menárguez, y posteriormente con el magistrado donostiarra Fernando Andreu, que luego iría destinado a la Audiencia Nacional. Finalmente, el Tribunal Supremo dictaminó que el caso le correspondía al juzgado nacional.