Bárcenas declarará el mismo día ante dos jueces por su contabilidad secreta

La pugna jurídica entre los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez por quién lleva la investigación de los papeles de Bárcenas, la supuesta contabilidad secreta del extesorero del PP, dio lugar este miércoles a un curioso caso práctico de derecho procesal. Cada magistrado por su lado, y siguiendo razonamientos jurídicos distintos, ha citado para declarar como imputado por los mismos hechos a Luis Bárcenas. Además, a petición de la defensa de Bárcenas, ambos magistrados han acomodado sus agendas para citar al extesorero el próximo viernes. El hombre que llevó las finanzas de la formación conservadora entre 1990 y 2009 —primero como gerente y luego como tesorero— responderá al interrogatorio del juez Ruz a las 10.00 y, dos horas más tarde, se someterá a las preguntas de Gómez Bermúdez. Entretanto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente que transcurra el plazo de recursos para decidir a quién compete la instrucción de la causa.

En esencia, el interrogatorio de ambos magistrados versará sobre el mismo asunto: los 14 folios manuscritos que componen la contabilidad b de Bárcenas y en la que figuran pagos por 7,5 millones de diversos empresarios del sector de la obra pública y su supuesto reparto entre miembros de la cúpula del PP entre 1991 y 2008, gastos ordinarios del partido o ayudas a víctimas de terrorismo. Sin embargo, en este caso los matices son importantes: las investigaciones de uno y otro juez coinciden en su objeto, pero difieren —o más bien, se complementan— en su punto de partida y enfoque.

El juez Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, inició sus diligencias sobre los papeles de Bárcenas el pasado 7 de marzo como una pieza separada del caso Gürtel, que también instruye él. Las diligencias de este magistrado se ciñen, de momento, a las pesquisas ya iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 24 de enero y que estaban sin completar. El pasado 15 de marzo, Ruz solicitó al PP, al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Tributaria que le remitan en el plazo de cinco días toda la documentación contable y bancaria referida a las donaciones recibidas por la formación conservadora entre 1990 y 2011. Fuentes jurídicas señalan que tanto Hacienda como el Tribunal de Cuentas han remitido ya su documentación, de modo que solo falta la del PP.

Por su parte, Gómez Bermúdez, que inició su investigación tras recibir en su juzgado, por turno de reparto, una querella de Izquierda Unida contra los empresarios y políticos que figuran en la contabilidad de Bárcenas, da un paso más allá. Además de la información sobre las cuentas y donativos del PP, el magistrado que presidió el juicio del 11-M exige al Ministerio de Hacienda que le remita información sobre los contratos firmados por las compañías de los empresarios donantes o sus filiales con las administraciones públicas.

El hecho de que Ruz estudie el caso Bárcenas como una pieza separada del caso Gürtel, la gran trama de corrupción en los aledaños del PP, influye en el número de personas que ha citado inicialmente como imputados. El magistrado que asumió el juzgado de Baltasar Garzón tras su inhabilitación ha limitado sus citaciones, para el próximo viernes, a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a las 10.00 y a las 11.30 respectivamente. Como testigos iniciales en esta causa, Ruz llamó ayer al director de EL PAÍS, Javier Moreno, y al exdiputado del PP por Pontevedra Carlos Mantilla.

En el juzgado de enfrente, Gómez Bermúdez, hace una citación mucho más amplia. Al igual que Ruz, interrogará a Bárcenas el viernes a las 12.00. Y los próximos días 4 y 5 de abril, en un horario por determinar, llamará a Lapuerta y a diez de los empresarios que figuran en la contabilidad como donantes. Bermúdez, sin embargo, no llama a declarar de momento a los dirigentes del PP contra los que se querellaba Izquierda Unida: Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo-Figueroa.

La ley procesal penal contempla la posibilidad de que dos o más magistrados investiguen los mismos hechos en tanto una instancia superior dirime el conflicto de competencia, ya que a cada causa solo le puede corresponde un juez. El caso de los papeles de Bárcenas ha generado una dura pugna entre Ruz y Gómez Bermúdez que incluye autos con gran carga de profundidad. El pasado martes, Bermúdez, convencido de que él es el juez competente, exigió a Ruz que se inhiba en su favor para evitar “duplicidades” en las pesquisas e interrogatorios.

Inicialmente, el pasado febrero, Ruz se había mostrado reacio a asumir la investigación de la contabilidad de Bárcenas, como le había pedido el PSPV, personado como acusación particular en Gürtel. Sin embargo, el aluvión de querellas registradas en diversas sedes judiciales tras la publicación de los papeles de Bárcenas en EL PAÍS llevó a la Fiscalía y posteriormente a Ruz a abrir la vía para quedarse con el caso.

El 1 de marzo, el titular del Juzgado Central número 5 solicitó urgentemente a la Policía que le enviara un informe sobre los puntos de conexión entre la información recogida en la contabilidad de Bárcenas y el sumario de Gürtel. El informe policial señalaba tres posibles coincidencias entre ambas causas: los 21 millones de pesetas (126.000 euros) supuestamente entregados por el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo al PP nacional y las donaciones del empresario Alfonso García Pozuelo a la contabilidad de Francisco Correa, cerebro de Gürtel, y en la campaña electoral del PP gallego. Gómez Bermúdez ha atacado tanto la forma que ha usado Ruz para asumir el caso —la pieza separada— como la supuesta conexión jurídica que lo justifica.

El director de EL PAÍS, Javier Moreno, explicó ayer al juez Ruz, las gestiones que llevó a cabo el periódico para comprobar la veracidad de los papeles de Bárcenas. El juez estaba interesado en conocer si Moreno podía aportar nueva información relevante para la investigación en curso sobre la contabilidad del extesorero del PP. Durante el interrogatorio, Moreno se acogió al derecho profesional de los periodistas, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, para no revelar al magistrado la fuente que proporcionó los papeles al periódico.