La posible abolición de la ‘doctrina Parot’ inquieta a Gobierno y víctimas

El próximo miércoles, el derecho penal español tiene una cita crucial en Estrasburgo (Francia). La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) celebra una vista para analizar el recurso del Gobierno contra la sentencia del pasado 10 de julio en la que el mismo tribunal consideró que la llamada doctrina Parot vulnera los derechos fundamentales.

Se trata de la última posibilidad que tiene España para mantener vigente la jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite aplicar los beneficios penitenciarios en función del total de las penas a las que hubiera sido condenado el reo en lugar de hacerlo sobre el periodo máximo de cumplimiento efectivo, situado en la actualidad en 40 años y antes en 30. Esta interpretación del alto tribunal, muy cuestionada por constitucionalistas, permitió en 2006 prolongar la estancia en prisión de numerosos presos de ETA, algunos con más de 20 muertos a sus espaldas.

La vista del próximo día 20 se centrará en el caso de la etarra Inés del Río, condenada a 3.828 años de cárcel por 19 asesinatos. Del Río, que de acuerdo con la anterior doctrina del Tribunal Supremo, debía haber salido de prisión en julio de 2008 gracias a la redención de penas por el trabajo, con la actual jurisprudencia verá retrasada su salida hasta 2017.

En caso de que el TEDH, última instancia judicial en materia de derechos fundamentales, mantenga su criterio inicial y declare que la doctrina Parot contraviene los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el Gobierno y los jueces españoles perderían el que consideran uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Y no solo eso: el Ejecutivo se vería obligado a excarcelar de forma inmediata a 54 presos de ETA, 7 del GRAPO, uno vinculado a los GAL, otra del Exército Guerrilleiro de Pobo Galego y 14 internos autores de delitos muy graves, como asesinatos o violaciones. Esta posibilidad genera “alarma” en el Ejecutivo de Mariano Rajoy y también preocupa a algunos jueces.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, vinculó el pasado martes la doctrina Parot con “el derecho” de “España y Europa” de “proteger a sus ciudadanos no solo de la amenaza terrorista, sino también de los más peligrosos criminales, tales como la delincuencia organizada, los asesinos múltiples o los violadores que causan honda preocupación ciudadana”. Este viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que mantener esta jurisprudencia del Supremo “es una cuestión de justicia”.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy teme que “el nuevo clima” creado tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA, en octubre de 2011, pese en la Gran Sala a la hora de rechazar el recurso. Fuentes del Ministerio del Interior afirman que este departamento ha realizado una labor de “lobby transparente” en las últimas semanas para tratar que la doctrina Parot —refrendada por el Tribunal Constitucional, aunque con votos particulares— prevalezca. Los principales apoyos que ha encontrado España provienen de los Gobiernos de Francia y Reino Unido. El ejecutivo de Mariano Rajoy se ha esforzado en presentar la doctrina Parot como una jurisprudencia “que supera al fenómeno de ETA” y tiene esperanzas de que el recurso prospere porque “el TEDH solo acepta el 5% de los recursos que se presentan”.

El Gobierno basa su recurso en que la doctrina Parot no es una ley, sino una interpretación jurisprudencial sobre la ejecución de las sentencias, algo que, según entiende el Ejecutivo, corresponde al ámbito de decisión de cada Estado. Tras el fallo del tribunal europeo del pasado julio, una veintena de etarras presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional para reclamar su puesta en libertad. Este órgano rechazó la petición.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reprochó ayer al Ejecutivo su tardanza en defender la doctrina Parot. “Hasta hace una semana no hemos empezado a escuchar la preocupación del Gobierno”, recriminó la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza. La principal asociación de víctimas cree que sería “una humillación” para España no solo excarcelar a etarras sino tener que indemnizarles por haber permanecido en prisión de forma irregular.