La banca quiere fijar lo que es “abusivo”

Los bancos y las antiguas cajas reaccionaron este jueves con cautela ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dictamina que los procesos de ejecución hipotecaria en España se deben paralizar si un juez considera que existen cláusulas abusivas.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) dijo que la sentencia europea constituye “una aportación en el perfeccionamiento” de la legislación hipotecaria nacional. La CECA expresó además su disposición a colaborar “lealmente” con el Gobierno y los grupos parlamentarios en el diseño e implementación de las reformas normativas que permitan una aplicación “razonable” de dicha sentencia. Por último, recordó que sus asociadas ya han puesto en marcha programas “para mitigar los efectos que las ejecuciones hipotecarias puedan ocasionar a los colectivos más vulnerables”.

La Asociación Española de Banca (AEB) fue mucho más escueta y críptica. Solo dijo que consideraba la sentencia “razonable y constructiva”. En un comunicado, la patronal bancaria añadió que “a partir de ahora, se trata de cumplir este dictamen y de interpretarlo en la misma línea”. Está claro que considera que existen riesgos en su aplicación.

Es habitual que, oficialmente, el sector no busque la confrontación, pero, en privado, ejecutivos de algunas entidades manifestaron su temor a que se instale “una cierta inseguridad jurídica si cada juez puede decidir cuándo una cláusula es o no abusiva”. La AEB y la CECA serán las responsables de negociar con el Gobierno y las fuerzas políticas para concretar al máximo los detalles. El Congreso de los Diputados ha ampliado hasta el 21 de marzo el plazo de admisión de enmiendas al anteproyecto de ley de Deudores Hipotecarios y que se debatirá paralelamente con la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la plataforma contra los desahucios.

El sector financiero teme el descrédito que sufrirá por esta sentencia y que cada juez aplique un criterio diferente en las hipotecas, lo que aumentará mucho la litigiosidad. “Lo mejor sería definir una cantidad que se puede aplicar y eso se traslade a los contratos. Esto permitiría que existiera seguridad jurídica para ambas partes”, explican desde un gran banco. No obstante, son muchos los que consideran que a partir de ahora se van a alargar los procedimientos judiciales en caso de impago de hipotecas. Lo más positivo para el sector es que “la dación en pago no está en discusión. El Gobierno lo ha garantizado. Otra cosa será la retroactividad o no de los que se consideren perjudicados por cláusulas abusivas”, apuntan con temor en un banco que procede de una antigua caja.

Concretar lo que es “abuso” no va a ser fácil. Un banquero recuerda que el 13 de febrero se reunieron los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid para intentar determinar cuáles son los intereses de demora que era razonable aplicar. Al final de la cita, no fueron capaces de concretar una cifra exacta.

El Colegio de Registradores de la Propiedad aportó otra solución: pidió ayer que funcionarios independientes a las entidades lleven “un control preventivo” para detectar las cláusulas abusivas en las hipotecas. Estos controles preventivos fueron eliminados con la reforma de la Ley Hipotecaria de 2007, recuerdan.

Más de una entidad admite el error de haber llegado a esta situación por un descontrol en el que cada banco exigía lo que creía conveniente, convencido de que la ley estaba de su parte y llegaron los abusos. “No cabe duda de que la sentencia va a reequilibrar la relación entre los clientes y las entidades”, dice un alto ejecutivo.

La falta de reflejos del sector ha provocado que todas las mejoras en la normativa hipotecaria hayan llegado tras la iniciativa de los partidos, principalmente de ICV, de las asociaciones populares o del Gobierno del PP.

El Ejecutivo anunció en enero, en el debate de la ley para la protección a los deudores hipotecarios, las fronteras: “Los intereses de demora se limitarán a tres veces el interés legal del dinero” y que “se amplía de uno a tres el número de impagos que permiten iniciar el procedimiento de reclamación de deudas”. También se permitirá que cuando se ponga en marcha una ejecución hipotecaria, el juez pueda suavizar las condiciones del cliente.

El sector financiero no se ha unido ni ha tomado la bandera de las reformas de una ley que se quedó obsoleta y abusiva. Ahora sufrirá un nuevo golpe a su ya devaluada reputación.