312 lanzamientos al día desde 2008

Entre 2008 y el tercer trimestre de 2012 se produjeron en España casi 400.000 ejecuciones hipotecarias. 391.032 para ser exactos. De media, 80.000 al año: 321 al día si se descuentan los sábados y domingos. Son cifras oficiales, del Consejo General del Poder Judicial. No discriminan entre la naturaleza del inmueble: si es un piso, un chalé de lujo, una plaza de garaje, un edificio a medio construir, un solar o una finca rústica. “El Gobierno juega a la ceremonia de la desinformación, con horquillas enormes”, critica el abogado colaborador de la PAH, Martí Batllori. Lo que está claro es que son muchos, conviene.

Y por mucho que siempre se apostille que no solo son primeras viviendas, las ejecuciones sobre otros bienes inmuebles también tienen perjudicados. Pueden ser promotores inmobiliarios (que han entregado masivamente promociones y solares a la banca), por ejemplo. A partir de los datos de las propias entidades, el diputado ecosocialista Joan Coscubiela cifra las daciones de promotores en más de 100.000 millones de euros. Entre los afectados hay incluso especuladores (particulares o profesionales) que compraron pisos para revender o alquilar y se han pillado los dedos.

En cualquier caso, el grueso del drama está en las familias que se quedan sin vivienda. Basta acudir a cualquiera de las asambleas que se organizan en las más de 100 plataformas creadas desde 2009 en ciudades españolas para ver que el paro está detrás del 90% de los casos. Y, más que con el paro, el calvario comienza cuando a los parados se les termina el subsidio por desempleo. “Antes doy de comer a mis hijos que al banco”, suelen decir los afectados, justificando por qué dejaron un día de pagar.

Los primeros sobreendeudados que llegaron a las asambleas de las PAH eran inmigrantes. Sin tantos vínculos como la población local en sus barrios, acudieron a las plataformas desesperados. Con pisos tasados de forma estratosférica entre 2005 y 2008, comprados con los tipos de interés regalados y con cuotas que comenzaron por 600 euros (más que asequible con dos sueldos) y que se convirtieron en imposibles de pagar cuando se doblaron y los ingresos cayeron a la mitad.

Son también las PAH las que descubrieron el rosario de irregularidades que se cometieron mientras la burbuja inmobiliaria e hipotecaria no paraba de hincharse: fenómenos como las compras con avales cruzados (dos hermanos se avalaban mutuamente con la propiedad por la que se hipotecaban, de forma que cuando uno no podía pagar el problema se multiplicaba), avales falsos, propiedades en el extranjero como aval… Era la época en que hasta las autoridades salían por televisión animando a la ciudadanía a comprarse pisos; cuando el frenesí del ladrillo convenció a media España de que alquilar era tirar el dinero. Y todo ello con la complicidad de las oficinas bancarias de barrio y los notarios, que no daban abasto en estampar firmas en los documentos de escritura. Es lo que suelen argumentar las familias. Que sí. Que ellas fueron responsables por comprar, pero que la presión era enorme y que nadie les explicó la letra pequeña.

Poco a poco, a la plataforma comenzó a llegar población local, sobre todo de barrios de la periferia de las ciudades. Españoles que rompían su silencio en paralelo a la magnitud del problema. La clase media ha sido la última en salir. En la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) aseguran que hay muchas familias de distritos como El Eixample, en pleno centro de la capital catalana, que también han perdido sus pisos. Pero no salen a protestar para evitarlo. Entregan las llaves, vacían la vivienda y se marchan a otro lado. Si tienen suerte, de alquiler. Si no, explica Lluís Rabell, presidente de la federación y también vecino del barrio, a la segunda residencia. Cuántos son, nadie lo sabe.