La fiscalía da el primer paso para quitar a Bermúdez la investigación sobre Bárcenas

La Fiscalía ha terciado ya en la pugna sobre a qué juez le compete investigar los llamados papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del PP supuestamente confeccionada por el extesorero de la formación conservadora y que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero. Y, como ya había anunciado, busca apartar del caso al magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez para que las pesquisas recaigan exclusivamente en su colega Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel. Ambos magistrados han abierto ya diligencias sobre estos documentos que afectan a las finanzas del partido de Mariano Rajoy.

A mediodía de este jueves, la Fiscalía Anticorrupción ha registrado en la Audiencia Nacional un recurso contra el auto dictado el pasado lunes por Gómez Bermúdez en el que admitía a trámite una querella de Izquierda Unida sobre los papeles de Bárcenas. En esa resolución, el magistrado actúa raudo: ordena, entre otras diligencias, que el PP le envíe “en el plazo improrrogable de siete días” la relación de donaciones recibidas entre 2002 y 2009 de una serie de empresarios de la construcción que figuran en los documentos del extesorero. Según los 14 folios de su contabilidad manuscrita, estos empresarios aportaron a las arcas populares unos 7,5 millones de euros entre 1990 y 2008. Este dinero supuestamente sirvió para repartir sobresueldos a distintos miembros de la cúpula del partido y para hacer frente a otros gastos de la formación.

El otro punto fuerte del auto de Bermúdez era llamar a declarar los próximos 25, 26 y 27 de marzo tanto a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta como a los empresarios supuestamente pagadores. Entre los donantes se encuentran grandes nombres del sector de la obra pública en España como Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), Juan Miguel Villar Mir (OHL), José Luis Sánchez Domínguez (Sando), Luis del Rivero (Sacyr) y Manuel Contreras (Azvi)

En su recurso, la Fiscalía Anticorrupción —no la de la Audiencia Nacional— considera “innecesarias y desproporcionadas” las citaciones de los industriales y pide que dejen sin efecto todas las diligencias ordenadas por Gómez Bermúdez. El argumento técnico del ministerio público es que, antes de iniciar cualquier investigación sobre el fondo del asunto, el juez central de Instrucción número 3 debe pronunciarse sobre la inhibición en la causa a favor del juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, que le pidió la Fiscalía en el escrito del 8 de marzo. El escrito de Anticorrupción no se pronuncia sobre la admisión a trámite por parte de Bermúdez de la querella de IU, sino solo sobre las pesquisas ordenadas por el juez instructor.

Entrando en el fondo del asunto, el ministerio público se sorprende de que Gómez Bermúdez vea “apariencia de buen derecho” en la denuncia de IU sobre los pagos de los empresarios pero aprecie debilidad en lo que se refiere a los sobresueldos supuestamente cobrados por diferentes dirigentes populares. Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo figuran como querellados, pero que no han sido citados por el magistrado instructor. Para la Fiscalía, esta distinción entre unos querellados y otros cuando toda la información procede de la misma fuente —los papeles de Bárcenas— es una “interpretación no justificada” de Gómez Bermúdez.

El pasado 7 de marzo, Ruz decidió asumir la causa abriendo una pieza separada del caso Gürtel, la gran causa de corrupción en los aledaños del PP. En un auto del 1 de marzo –el mismo día que Bermúdez abrió sus diligencias- Ruz había emitido un auto en el que se mostraba reacio a asumir el caso de los papeles de Bárcenas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 inició su investigación después de recibir un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales en el que se hallaban varios elementos de conexión entre la documentación intervenida en el caso Gürtel y los apuntes contables atribuidos a Bárcenas y publicados por EL PAÍS el pasado 31 de enero.

Inicialmente, Anticorrupción registró su escrito bajo la forma de recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sin embargo, en apenas dos horas rectificó la fórmula y lo presentó como recurso de reforma —ante el propio magistrado Gómez Bermúdez— y, en caso de que este decida mantener su postura de no ceder el caso a Ruz, que el recurso pase ya a reparto entre las secciones de la Sala de lo Penal.

La ley establece que, de ordinario, los recursos de apelación no suspenden las diligencias de investigación. Sin embargo, un recurso de reforma sí podría paralizar la práctica de algunas diligencias hasta que Bermúdez dé traslado del recurso a las partes personadas en la querella, en este caso IU.