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El fiscal solicita al Supremo que tramite la petición al Congreso para juzgar a Blanco

La fiscalía ve indicios de que el exministro cometiera prevaricación y tráfico de influencias

En un escrito de 28 folios solicita la tramitación de la petición

José Blanco, junto a Alfonso Guerra en el Congreso
José Blanco, junto a Alfonso Guerra en el Congreso EFE

La fiscalía quiere sentar en el banquillo al exministro José Blanco porque entiende que cometió tráfico de influencias para que su amigo, el empresario José Antonio Orozco, se ahorrase entre 150.000 y 500.000 euros en la obra de una nave junto al aeropuerto del Prat. La causa contra Blanco se inició hace 15 meses por el supuesto pago por parte de un empresario, imputado por corrupción, de 200.000 euros en billetes de 500 a cambio de que le agilizase una licencia y una subvención que nunca se concedieron.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió la investigación contra el exministro socialista José Blanco en diciembre de 2011. El empresario Jorge Dorribo, imputado en el caso Campeón —instruido en Lugo— por fraude de subvenciones públicas, le había acusado de cobrar más de 200.000 euros por una gestión ante el Ministerio de Economía y por agilizar una licencia para comercializar medicamentos unidosis que debía conceder el Ministerio de Sanidad en favor de su empresa, Laboratorios Nupel. El Supremo se hacía cargo de la parte relativa a Blanco por tratarse de un diputado y, por tanto, aforado.

Un año y tres meses después, el fiscal ha pedido al juez instructor, José Manuel Soriano, que tramite el suplicatorio (la petición al Congreso para proceder contra una persona que tiene inmunidad parlamentaria) para que a Blanco se le pueda imputar formalmente y, eventualmente, pueda ser juzgado. Hasta el momento, y a pesar de que Blanco declaró como imputado en el procedimiento en enero de 2012, no se había tramitado el suplicatorio porque el exministro solicitó en su día declarar voluntariamente.

El fiscal Manuel Dolz presentó este martes su escrito ante el juez instructor. Pero las acusaciones contra Blanco han cambiado desde diciembre de 2011. La tramitación del suplicatorio nada tiene que ver ahora con Dorribo, ni con los más de 200.000 euros, ni con un delito de cohecho. Los indicios de delito que ve el fiscal se centran en un presunto tráfico de influencias cometido por Blanco para que se concediera a Orozco una licencia municipal para construir una nave industrial en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) —vertiente de la que daba también cuenta la juez de Lugo que remitió la parte del caso Campeón relativa a Blanco al Supremo—. El fiscal Dolz habla también de indicios de un delito de prevaricación, pero en el escrito no se especifica qué hechos sustentarían esta infracción penal. Para cometer este delito es necesario haber dictado una resolución arbitraria.

La tramitación del suplicatorio no se ha pedido por el delito de cohecho por no existir, por el momento, indicios suficientes que permitan sustentarlo. Dorribo acusaba a Blanco de haber recibido el dinero en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a través de su primo político, Manuel Bran. La reunión entre Blanco y Dorribo se produjo, pero nunca se probó la entrega de dinero. Dorribo incurrió en notorias contradicciones, distintas versiones y falsedades sobre el origen y destino del dinero y, por otro lado, la subvención del Ministerio de Economía y la licencia del de Sanidad no se concedieron. Empresarios citados por Dorribo en sus declaraciones negaron esos supuestos pagos.

La petición de que se tramite el suplicatorio se hace, por tanto, según el escrito del fiscal, por dos delitos: tráfico de influencias y prevaricación. El presunto delito de tráfico de influencias lo habría cometido Blanco en favor de Orozco, vicepresidente y consejero delegado de la empresa Transportes Azkar y amigo del exministro socialista desde la infancia.

El fiscal sostiene que Blanco influyó ante el alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), del PSC, para que se concediera a Orozco una licencia ambiental favorable que había solicitado su empresa el 4 de agosto de 2010 para construir una nave industrial cerca del aeropuerto de El Prat de Llobregat.

Las grabaciones telefónicas que constan en el procedimiento recogen la intermediación de Blanco en el proceso. Pero la cuestión relevante, para apreciar si hubo o no delito, es si por su intervención se concedió algo que no se debía haber concedido atendiendo a la participación del exministro en el asunto. Esto es lo que tendrá que quedar probado y lo que el exministro niega tajantemente.

Orozco se puso en contacto con Blanco para que se interesara por el retraso de las licencias y este último se lo comentó al entonces secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas, que habló con el alcalde de Sant Boi. Orozco se reunió más tarde con este último. El empresario califica, por teléfono y ante terceros, de fundamental su amistad con Blanco para agilizar el proceso.

Taboas, por su parte, aseguró ante el juez que Blanco nunca le pidió que agilizara los trámites para la empresa de Orozco, sino que su intervención se habría limitado a interesarse por la situación y a facilitarle un contacto con el alcalde de Sant Boi. Fueron solo gestiones informativas, según Taboas —que no está imputado—. El alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, reconoció ante el juez que recibió a Orozco por la llamada de Taboas, dijo que no conoce a Blanco y aseguró que la licencia se concedió porque los problemas técnicos planteados en un primer momento ya estaban resueltos.

El técnico municipal había emitido dos requerimientos para que se subsanaran algunos defectos en el planteamiento presentado para la nave a lo largo de 2010. Y el 17 de febrero de 2011, finalmente, informó favorablemente la concesión de la licencia ambiental.

El técnico, Josep Ruiz, negó en su declaración judicial haber recibido presión alguna, ni instrucción “del alcalde o de otra persona” para que informara favorablemente. Según su versión, los dos primeros informes fueron negativos pero aseguró que los defectos que había eran subsanables y que no tuvo conocimiento de la reunión de Orozco con el alcalde.

El fiscal, sin embargo, sostiene que el Ayuntamiento pedía a Orozco, para darle la licencia, que modificara el proyecto con inversiones que suponían un gasto de 500.000 euros o, como mínimo, de 175.000, y que el empresario se ahorró. Estos supuestos requerimientos municipales no aparecen por escrito, sino que se basan en un informe policial de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que a su vez remiten a una conversación telefónica de Orozco. El fiscal sostiene que Orozco también pidió a Blanco que AENA y AESA dictaran resoluciones para obtener una licencia de obra mayor.

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