El PP impidió que la policía inspeccionase su sede por carecer de una orden judicial

Los agentes de la Brigada de Policía Científica que acudieron el pasado viernes a realizar una inspección ocular en la sede central del PP en Madrid, tras la denuncia por robo presentada por el extesorero Luis Bárcenas, se marcharon sin cumplir su misión porque el PP les exigió un mandamiento judicial y, además, les dijo que Bárcenas no tenía allí ningún despacho. Según fuentes policiales, esas fueron las razones por las que los técnicos en toma de huellas se marcharon, y no porque un mando policial les ordenara que abandonaran sus pretensiones.

Este confuso incidente se inició sobre la una de la tarde del viernes, cuando Bárcenas se presentó en la comisaría del distrito de Salamanca y denunció que el abogado del PP Alberto Durán había forzado la puerta de lo que fue su despacho hasta el pasado 18 de febrero. Agregó que alguien se había apoderado de papeles y dos ordenadores portátiles que tenía en esa habitación.

La comisaría del distrito de Salamanca contactó con la de Chamberí porque los hechos denunciados por Bárcenas se habían producido en la sede del partido, en el número 13 de la calle de Génova, en este último distrito. Y los agentes de Chamberí quedaron comisionados para entregar una citación al abogado Durán a fin de que compareciera lo antes posible para declarar sobre el asunto.

Un funcionario de la comisaría de Chamberí contactó con la Brigada Provincial de Policía Científica para informar de que era preciso hacer una inspección ocular en el número 13 de la calle de Génova, tras recibirse una denuncia de que allí se había producido un robo. “Eso es algo habitual cada vez que hay una denuncia por un hecho violento. Es habitual que los especialistas acudan en busca de huellas y para recoger otros indicios útiles para la investigación”, explica un mando policial.

En efecto, es habitual que la Policía Científica acuda a un domicilio o a una tienda que ha sido escenario de un robo o un atraco. Pero lo que no es usual es que lo haga con la celeridad con que lo hizo en esta ocasión: solo una hora después de que Bárcenas presentase la denuncia. Y, además, el equipo desplazado a la sede del PP estaba formado por tres especialistas. Nadie da explicaciones.

Los encargados de la seguridad del edificio frenaron en el vestíbulo a los agentes de Policía Científica en tanto algún responsable del PP no autorizara su acceso al interior. Se da la circunstancia de que el jefe de seguridad del PP es Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas, al estar casado con Carmen Bárcenas. Sin embargo, De la Fuente no estaba ese día en su puesto, según fuentes del Partido Popular.

Al poco rato, el abogado Durán, asesor jurídico del partido, bajó al encuentro de los policías científicos. Les explicó que el extesorero no dispone de ningún despacho y que los objetos que conservaba en una sala de juntas habían sido trasladados a otra habitación en espera de que los retirase el interesado.

Los vigilantes de seguridad frenaron a los especialistas en toma de huellas

Nadie conoce con exactitud el diálogo entre Durán y los agentes, pero estos optaron por marcharse sin tomar huellas cuando el abogado les pidió un mandamiento judicial para permitirles el paso, según informaron ayer fuentes próximas a la Dirección General de la Policía. Como no disponían de ese documento, cogieron sus maletines y se marcharon. Las citadas fuentes aseguran que lo hicieron sin que ningún mando se lo ordenara. Otras fuentes policiales indicaron a EL PAÍS que el comisario provincial, que es el número dos de la policía en Madrid, había ordenado que no se hiciera tal inspección, aunque no precisaron en qué momento dio esa instrucción. El PP desmiente haber apelado a ninguna orden judicial para impedir la entrada de los policías en su sede. Solo admite que el abogado Durán les dijo a los agentes que no había ningún despacho de Bárcenas en la sede del PP.

Dado que el episodio está rodeado aún de puntos oscuros, la Jefatura Superior de Policía de Madrid está recopilando todos los datos a fin de determinar si hubo algún tipo de descoordinación entre las diferentes comisarias y unidades que intervinieron en el caso. Fuentes del Ministerio del Interior han asegurado que no se trata de una investigación encaminada a expedientar a ningún funcionario ni a sancionar a nadie, dado que inicialmente no se han apreciado irregularidades.