“Pido al PP y al PSOE que pacten los cambios contra los desahucios”

Soledad Becerril Bustamante (Madrid, 1944), defensora del Pueblo, ha obtenido al cumplirse seis meses de su nombramiento un logro sonoro y visible. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha atendido sus requerimientos para que cambie la ley de tasas judiciales y rebaje muy sustancialmente sus costes. La batalla inmediata de la defensora, que mañana presenta la memoria de 2012 al presidente del Congreso, está en la legislación sobre desahucios, que considera muy injusta. Va a presentar en breve más recomendaciones al respecto, pero pide que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo en la nueva norma y que el clamor de la calle, expresado también por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tenga respuesta en el Parlamento. Está preocupada por el desafecto hacia los partidos políticos y las instituciones y, como perteneciente a la generación de la Transición, llama a los jóvenes a no dilapidar lo conseguido.

Pregunta. El ministro Gallardón ha reconocido que va a cambiar la ley de tasas judiciales a requerimiento de la defensora del Pueblo. ¿Le amenazó con recurrir la ley ante el Constitucional?

Respuesta. Con la comprensión y el apoyo absoluto de los dos defensores adjuntos [Francisco Fernández Marugán, del PSOE, y Concepció Ferrer, de Unió Democràtica de Catalunya], decidí que valía la pena hacer una recomendación para que el ministro de Justicia rectificara la ley de tasas. Estábamos muy preocupados y, sí, estudiábamos la presentación del recurso ante el Constitucional. Pero la verdad es que preferíamos conseguir que el Gobierno rectificara y no aguardar cuatro o cinco años a la resolución del Constitucional.

No solo estamos para recibir quejas, sino para que el Gobierno rectifique

P. ¿Pero avisó al ministro de que si no cambiaba la ley usted la llevaría al Constitucional?

R. (Pausa y sonrisa) Le dije que estaba muy preocupada con esta ley.

P. ¿Está también preocupada por la ley de desahucios por impago de hipotecas?

R. Mucho. Hemos hecho ya dos recomendaciones [escritos con los que la defensora del Pueblo se dirige al Gobierno y a las Administraciones]; pero preparamos una tercera. Se nos ha hecho caso en la paralización de los desahucios, pero es insuficiente. La situación es muy grave y no podemos callarnos. Esa ley hay que cambiarla muy sustancialmente, lo que obliga a modificar la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además de parar los desahucios, hay que identificar a los deudores de buena fe; eximir a personas y familias vulnerables de los desahucios y desde luego cortar, limitar, detener los intereses de demora. La ley tiene que tranquilizar a los ciudadanos. No se puede dejar a miles de personas desposeídas de todo.

P. La mayoría de sus propuestas no están en el proyecto de ley del Gobierno, aunque sí en los postulados de la oposición y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Si un alcalde no responde, le digo que le llevo a la fiscalía, y responde

R. Es verdad no están y por eso vamos a volver a insistir y haremos llegar nuestras recomendaciones al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Pero lo que deseo y pido encarecidamente al PP y al PSOE, por ser los dos grupos mayoritarios, es que se pongan de acuerdo.

P. ¿Está satisfecha del grado de aceptación que tienen sus propuestas y quejas ante el Gobierno y las Administraciones?

R. Lamentamos mucho las ocasiones en las que no se nos tiene en cuenta, pero seguimos, ya que el Defensor del Pueblo no es solo una institución de queja; nuestra institución hace que el Gobierno y las Administraciones rectifiquen, corrijan y den marcha atrás. Por ejemplo, algo hemos conseguido sobre las participaciones preferentes, ese caso de ocultación y engaño cometido contra miles y miles de ciudadanos.

P. Pero en este asunto queda mucho por recorrer porque algunas entidades bancarias hacen oídos sordos a dar respuesta a lo que parece que ha sido un engaño en muchos casos...

R. Ante los miles de quejas hemos trabajado en recomendaciones de carácter paliativo, inmediato, y otras de futuro con peticiones concretas al Banco de España y a la CNMV. A esta última le hemos pedido que atienda y estudie uno por uno cada caso.

P. Sí, pero insisto en que la respuesta de los bancos…

R. Los bancos privados están resolviendo muchos casos. Pero las cajas y las entidades nacionalizadas … regular. Vamos a volver a la carga.

Le hicimos ver a Gallardón que tenía que bajar, y mucho, las tasas judiciales

P. Usted presiona a las Administraciones y al Gobierno. ¿Y viceversa? Cuando no ha presentado recurso de inconstitucionalidad en algunos asuntos, como la reforma laboral o la paga de los funcionarios, se ha querido ver la mano del Gobierno.

R. Sobre la paga de Navidad hemos presentado recomendaciones al Gobierno para que abonara la parte devengada, y lamentablemente no nos ha atendido. Pero yo no siento la presión del Gobierno; la presión, en el buen sentido, nos viene de la calle, de los ciudadanos, que son los que nos empujan a actuar.

P. Si no hay presión, ¿hay trabas para ejercer su labor?

R. No exactamente. Esta es una institución ágil. Somos 172 personas con unos técnicos muy cualificados. Además, yo soy un poco pesada e insistente ante las Administraciones. No dudo en escribir a un alcalde para decirle que si no contesta a la institución en un plazo razonable, lo voy a comunicar al fiscal y esto da buen resultado.

P. Parece que usted actúa con la palabra y con el escrito. ¿No necesita más instrumentos coercitivos?

Mejor convencer al Gobierno que no esperar cinco años al Constitucional

R. Tenemos los suficientes y, sobre todo, tenemos el máximo, el que pocos tienen, como es la atribución de presentar recursos de inconstitucionalidad, pero antes tiene que haber una vía de mediación que evite la dilación de la respuesta del tribunal porque los ciudadanos son los perjudicados. Si conseguimos que la Administración rectifique, el efecto es inmediato.

P. ¿También le parecen correctas las actuaciones de otros órganos institucionales, de control y reguladores, como el Tribunal de Cuentas, que fiscalizan a cuatro y cinco años vista?

R. Evidentemente, estos órganos deben actuar con mucha más rapidez y desde luego el Tribunal de Cuentas, que parece que va a acelerar sus plazos. Con ese retraso, los daños duran muchísimo.

P. ¿Percibe el daño que ya existe por el desafecto de los ciudadanos, cuando no la indignación, por el comportamiento incorrecto de partidos políticos e instituciones?

R. Veo la necesidad de que todas las instituciones rectifiquemos el rumbo. Tenemos que cambiar, para estar más cerca de la sociedad; ser más austeros; dar cuenta de nuestros actos, actuar con transparencia; apartar a todo el que actúa mal, imputado o no imputado. No podemos dilapidar lo conseguido en los últimos 35 años. Los jóvenes no lo deben permitir.