Eduardo Móner, el juez que investigó los GAL

El magistrado Eduardo Móner Muñoz, fallecido el 6 de febrero a los 84 años de edad, que ejerció su trabajo con gran profesionalidad, conoció en 2010 la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. La resolución del TEDH reconoció el “notable trabajo” realizado por este juez en la investigación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en los años noventa del pasado siglo.

El TEDH desestimó la demanda contra España de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, condenado en 1998 a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey. La argumentación de la sentencia de dicho tribunal europeo se fundamentó en que el Estado español no vulneró el derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial gracias a la instrucción del asunto realizada por Móner en el Tribunal Supremo, al que correspondió finalmente investigar y juzgar este caso de terrorismo de Estado, por la implicación en el mismo del entonces ministro del Interior, José Barrionuevo.

Entre las críticas recibidas en su día por Móner, destacó su decisión de no citar a declarar al entonces presidente del Gobierno, Felipe González. Ni Móner ni el ministerio fiscal dieron crédito alguno a las declaraciones del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, según las cuales Barrionuevo había asegurado que González “lo sabía todo” sobre la organización y actividades de los GAL. Para Móner fue esencial que Barrionuevo, cuyo fuero procesal originó que la investigación pasara de la Audiencia Nacional al Supremo, nunca le hizo tal declaración.

Móner se alegraría en 2010 de que el Tribunal de Estrasburgo le reconociera su profesionalidad, aunque no le aportaba ninguna novedad. Es seguro que le produciría más satisfacción que su actuación como juez impidiera la condena de España. El magistrado era un hombre sencillo, “un juez de provincias”, nacido en Málaga y recriado en Valencia, donde ha fallecido.

Cuando a finales de mayo de 1996 fui a su despacho a entrevistarle, se asombró de que me acompañara un fotógrafo. “Soy un hombre poco interesante”, señaló con humildad, todo lo contrario de un juez estrella. Me reveló que su afición principal era el ajedrez, desde sus tiempos de juez de Coria (Cáceres), y, de la mano de su padre, también juez, los toros, “más que el fútbol”.

La instrucción del caso GAL le proporcionó una notoriedad no buscada, pero que tampoco le impresionaba. Nunca rectificó a quienes mintieron sobre él, pero, aplicador razonable de la ley, acostumbrado a ejercer su oficio con rigor, mostraba una perplejidad un tanto ingenua ante el atrevimiento de columnistas o tertulianos, que relataban relaciones suyas que no se habían producido, describían devociones que no practicaba o sacaban conclusiones extrañas de su vieja amistad con Pascual Sala —hoy presidente del Tribunal Constitucional, entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)—, a la que no pensaba renunciar.

Los casos judiciales que correspondieron a Eduardo Móner en el Tribunal Supremo fueron efectuados con la misma pulcritud que los solventados cuando ejercía como juez desde 1954 en las poblaciones castellonenses de San Mateo y Vinaroz, o alicantinas de Novelda y Elda, o desde que, ascendido a magistrado en 1967, fue destinado a Tarragona y Valencia, en donde, a requerimiento de sus compañeros, fue juez decano de 1979 a 1987, año este en el que el CGPJ le designó magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El caso GAL no fue el primero que le correspondió de enjuiciamiento a políticos. Participó en la tramitación del caso Filesa, sobre financiación irregular del PSOE, y en la investigación de la compra de votos en La Carolina (Jaén) en la que estuvo implicado el senador del PP, Ramón Palacios.

Curiosamente, Móner, un juez-juez, alejado personalmente de la política, no tuvo dudas de pertenecer durante los últimos años del franquismo a Justicia Democrática, movimiento de juristas en favor de las libertades. Pero establecida la democracia no se enganchó ni siquiera en el asociacionismo judicial. Según me contó en aquella entrevista de 1996, perteneció a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuando era la única. “Pero llegó el momento en que pensé que la APM sobrepasaba lo que yo creía que debía ser una asociación de jueces”, me confesó, “y me retiré de ella. Después me han tentado desde todas”. Seguramente ya no dio tiempo, porque Móner se jubiló dos años después, a los 70 años.