La Audiencia rebaja de 30 a 10 millones de euros la fianza a Gerardo Díaz Ferrán

La Audiencia Nacional redujo ayer de 30 a 10 millones la fianza que el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tendrá que hacer efectiva si quiere abandonar la cárcel. La sección segunda de ese tribunal, formada por los magistrados Ángel Hurtado (presidente), Julio de Diego (ponente) y Enrique López considera excesiva la cantidad que le impuso el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, el pasado 5 de diciembre, teniendo en cuenta su edad, 70 años, y su arraigo en nuestro país.

La de Díaz Ferrán no fue la fianza más alta que el juez Velasco decretó ese día. A su presunto cómplice, el propietario del fondo buitre Possibilitum Bussiness, Ángel de Cabo, lo mandó a prisión provisional eludible con el pago de 50 millones de euros.

El instructor imputa al exlíder de la patronal y expropietario del Grupo Marsans la creación de una estrategia diseñada junto a De Cabo para salvaguardar su patrimonio personal de la quiebra de su conglomerado empresarial, impidiendo a sus acreedores y trabajadores que cobraran sus deudas. La operación se realizó a través de testaferros y estructuras societarias que, en algunos casos, se extendían hasta paraísos fiscales.

Los magistrados aceptan la prisión para Díaz Ferrán, pero sugieren que la fianza podría ser “de imposible constitución”. Por ello, la Sala, valorando la edad del procesado (70 años) y “su arraigo personal y familiar al tener domicilio conocido, residiendo junto a su esposa en Madrid”, considera que los 30 millones impuestos por Velasco serían excesivos. “La fianza de cárcel no tiene por objeto garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias [indemnizaciones] del imputado, sino que no se sustraerá a la acción de la justicia”, recuerda el tribunal.

El sistema del desfalco seguido por Díaz Ferrán y Pascual, a los que Velasco imputa alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, era bastante burdo. Ambos valoraron la venta del grupo en 600 millones, pero, en realidad, según fuentes de la Audiencia, se trataría de una operación simulada, en la que De Cabo no aportó un solo euro. A partir de ese momento, los hombres de este último puestos al frente de las distintas empresas empezaron a extraer el dinero utilizando distintos métodos. El efectivo que pudieran tener en sus cuentas bancarias se enviaba a otras sociedades controladas por testaferros de De Cabo o salía directamente en cheques de los que, en muchos casos, se perdió la pista. En otros casos, los nuevos administradores vendían los bienes y activos de la compañía a pesar de estar prohibido al estar declarado el concurso de acreedores.

La Policía inició ayer una operación, que incluyó varios registros, contra otra empresa de De Cabo, la constructora Teconsa, también investigada en el marco de la trama Gürtel y que fue adquirida por el empresario valenciano. Teconsa, gracias a la trama Gürtel, fue la empresa adjudicataria de las instalaciones sonoras y acústicas de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia en 2006, en la que hubo un reparto de comisiones superior a los tres millones de euros.

El exlíder de la CEOE habría simulado insolvencia para salvar su patrimonio

En esta nueva operación policial en Teconsa, también por supuesto blanqueo, resultaron detenidas varias personas, entre ellas un familiar del también expresidente de la patronal CEOE José María Cuevas, ya fallecido, y un hijo del exdueño de Teconsa, José Luis Martínez Núñez. Los registros se efectuaron en inmuebles de esta empresa situados en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia, donde las empresas de De Cabo poseen tres hoteles.

De Cabo compró Teconsa después de que esta se declarase en concurso de acreedores. Lo hizo siguiendo el mismo procedimiento que repitió tiempo después en Marsans con Díaz Ferrán o en Nueva Rumasa con la familia Ruiz Mateos. Su fondo buitre está especializado en comprar empresas en quiebra por precios simbólicos. Luego trataba de entorpecer los procedimientos concursales para evitar que acreedores y trabajadores cobraran sus deudas.