La Abogacía pide a la Audiencia que plantee la inconstitucionalidad de las tasas
Carnicer reclama la nulidad de la orden del modelo de pago por no cumplir los requisitos
El Consejo General de la Abogacía ha presentado esta mañana ante la Audiencia Nacional el recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio de Hacienda que aprobó el modelo de pago de las tasas judiciales. Además, solicita que la propia Audiencia que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La solicitud de cuestión de inconstitucionalidad se fundamenta, entre otras cosas, en la Sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona la legalidad de aquellas tasas que “son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”.
Los abogados consideran además que el criterio de capacidad económica para hacer frente a las tasas “no se encuentra suficientemente garantizado con la simple remisión a la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”. A través de un comunicado, el Consejo General de la Abogacía considera que la elevada cuantía fijada en estas tasas hace que acceder a la jurisdicción sea “ya una quimera para un muy significativo número de españoles y extranjeros”.
El escrito va firmado por Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y se ha presentado después de que el Pleno del Consejo, que agrupa a los 83 decanos de Colegios de Abogados, haya autorizado su interposición.
En cuanto a la solicitud de nulidad de la Orden, los abogados exponen que en su tramitación “se ha omitido el trámite preceptivo de audiencia al Consejo de Estado”, así como la intervención del Ministerio de Justicia y del Consejo de Ministros y el reglamentario dictamen del Consejo General del Poder Judicial lo que, a su juicio, supone el incumplimiento de un requisito que “es motivo suficiente para pedir la nulidad radical de esta Orden”, tal como indican en el comunicado.
El Consejo General de la Abogacía Española ha tenido que pagar 396 euros (440 euros menos el descuento por pagar por Internet) para presentar este recurso pero también va a impugnar su pago.
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