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El PSOE pide un refuerzo judicial

Presentan un escrito en la Audiencia para que investigue las cuentas suizas y los sobres en B

¿Puede el juez Pablo Ruz hacerse cargo en solitario de todas las piezas que se acumulan en torno al caso Gürtel, ahora con la pieza añadida de Luis Bárcenas, extesorero del PP? El PSOE piensa que puede tener dificultades, por lo que pide formalmente al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, que dote al magistrado y al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional de los medios que requiera, “incluido el nombramiento de un magistrado de refuerzo”. Así figura en el escrito que le ha dirigido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez. El caso lo requiere, “ante la alarma social creada”, justifica la portavoz, toda vez que el magistrado Pablo Ruz se hizo cargo del caso, en principio de manera provisional, una vez que Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial por haber sometido a escuchas a los acusados de la trama corrupta.

La aparición de nuevos datos sobre Bárcenas ha provocado este movimiento de la dirección socialista. “Los nuevos datos en lo que se ha dado en llamar el caso Gürtel han generado una intensa alarma social que no solo cuestiona concretos comportamientos presuntamente delictivos de determinadas personas y responsables políticos de un partido, sino que también, y por ello, llega a afectar a la valoración de la calidad de nuestra democracia”, escribe la dirigente socialista.

Con esta apelación al malestar ciudadano se dirige a Moliner para que el órgano de gobierno de los jueces adopte las medidas necesarias con el fin de que “la investigación pueda realizarse en las mejores condiciones, dotando al Juzgado Central de todos los medios que precise”.

Todo el escrito de la portavoz socialista rezuma preocupación por el creciente desasosiego de los ciudadanos, de manera que estos medios extraordinarios que pide para ese juzgado los hace extensivos a otros “que se enfrenten a asuntos de similar naturaleza y complejidad que provoquen parecida alarma social”. Hay que asegurar que la justicia cumple su función constitucional “con la máxima eficacia y rapidez”, concluye.

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