¿Sombras o certezas?

Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”. Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido —porque se pudo— resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de explicaciones. Y rápidas.

En la primera legislatura de Aznar, la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenecí en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato especialmente—, era aún un asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que había que modificar el sistema de financiación de los partidos políticos y la ley que lo regulaba.

Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico. Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas prácticas.

Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.

Este asunto viene de lejos y no se ha querido (porque se pudo) resolver

¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.

Sigamos, pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió interinamente, Romay y la actual tesorera.

No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado. Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir.

Y todos los destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones de renta para que la Agencia Tributaria determine si estaban declaradas. Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron en un posible delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al Juzgado numero 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.

Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.

Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.

Es posible que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que recibían en metálico, haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el escándalo está servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.

El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?

Jorge Trías Sagnier es exdiputado del Partido Popular.