Una declaración de naturaleza política y sin valor jurídico

La declaración de soberanía pactada por CiU y ERC es por ahora un texto de naturaleza política y sin valor jurídico que entra solo en el terreno de los deseos de los dos partidos citados. Y, por tanto, no es recurrible aunque colisiona con la Constitución. El diagnóstico lo comparten la mayoría de juristas y catedráticos de Derecho Constitucional que subrayan el salto cualitativo que supone proclamar a Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano”.

Esa descripción choca con el precepto que se establece el artículo 1.2 de la Carta Magna que sostiene que la soberanía nacional “reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. CiU y ERC pretenden en el preámbulo de la declaración asentar los límites para que en la eventual consulta solo sean llamados a votar los ciudadanos catalanes. “El texto tiene contradicciones por todas partes”, resuelve Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional. El también diputado socialista alega, por un lado, que el poder del presidente de la Generalitat como el Parlamento catalán emana de la Carta Magna que ahora CiU y ERC quieren ningunear. “Un cambio de cualquier legalidad exige una reforma constitucional, que tiene sus propios cauces”, señala. Y añade que la declaración niega al resto de españoles su “derecho a decidir” en una cuestión trascendental.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, es taxativo en su análisis. “El documento choca con todo. Están diciendo: 'Queremos irnos. Queremos la independencia'. Y por eso se definen como sujeto político. Y aquí se acaba el debate”, reflexiona. Pérez Royo señala que, por ahora, la declaración es solo la expresión de la voluntad de unos partidos y se ciñe a la esfera política. Pero que se convertirá en acto jurídico en cuanto entre en el Registro y en la Mesa del Parlament para ser debatida el día 23. “El Gobierno ya podría recurrir el documento al Tribunal Constitucional”, asegura y recuerda que el mismo Partido Popular ya presentó uno ante el Alto Tribunal para impedir que el Plan Ibarretxe fuera debatido en el Congreso. Los populares perdieron la apelación.

Joan Ridao alega que es la quinta vez que se votará en favor de la autodeterminación

Andrés de Blas, catedrático de Teoría del Estado de la UNED, se reafirma en la impresión que siempre ha defendido: que el Gobierno catalán ha emprendido un camino equivocado que no tiene el menor encaje constitucional y menos cuando se define a Cataluña como sujeto político y jurídico al colisionar con el artículo 2. O con el 92, que establece que en las cuestiones trascendentales sean llamados a votar a referéndum todos los españoles y no solo una parte. Y argumenta, además, que la autodeterminación, de acuerdo con el derecho internacional, se tiene que justificar con algo más que una sola declaración de deseo. “No se puede basar solo en la mera voluntad. Hay que alegar motivos coloniales o de opresión cultural y política. Habrá que ver que dice CiU”, invita. Y advierte que la actual deriva puede forzar al Gobierno de Rajoy a tomar medidas para hacer cumplir la Constitución que “nadie” quiere en Cataluña y en el resto de España.

El PP de Cataluña y la Moncloa estudian mecanismos legales para frenar el recorrido del documento que Joan Ridao, exportavoz de Esquerra en el Congreso y profesor de Derecho Constitucional en la Univesidad de Barcelona y Esade, desdramatiza. El jurista arguye que la declaración será solo una resolución. Y recuerda que la cámara catalana goza ya de cierta tradición desde 1989 en aprobar textos de esta naturaleza. De hecho, esta será la quinta resolución en favor de la autodeterminación.

Ridao reconoce que el texto se puede atacar políticamente pero no desde la órbita jurídica porque aduce que las posibilidades de reforma de la Constitucional son ilimitadas (aunque complicadísimas) a diferencia de lo que sucede con las cartas magnas de países como Francia o Alemania que incluyen cláusulas que blindan diferentes aspectos. Otra cosa es el futuro de la consulta. Ridao conviene que diversos fallos del Constitucional refrendan que la soberanía reside en el pueblo español y que el permiso para autorizar un referéndum lo da el Estado. “Sin voluntad política, no prosperará. Estará condenado a sufrir un purgatorio jurídico. Los políticos catalanes deberán recurrir a la imaginación”, dice. Y cita la vía que propone Francisco Rubio Llorente, catedrático y expresidente del Consejo de Estado, que pide no obstaculizar el referéndum: plantea una reforma constitucional para autorizarla y que se inspire en el fallo de la Corte Suprema de Canadá que exigió una mayoría cualificada para que prosperara.