La fábrica de los enchufes

En Ourense, la Diputación es el PP. Y viceversa. Una insólita fábrica de votantes para el partido sobre el que el exbarón popular gallego José Luis Baltar, ahora imputado por prevaricación por sus contrataciones irregulares, apuntaló su feudo y su legado. La institución ourensana emplea, al menos, a 400 cargos o familiares del PP en una plantilla que no alcanza el millar. El “buen cacique”, como se autodenomina Baltar, convirtió la diputación en su finca particular y a lo largo de las dos décadas largas en las que la presidió la sobredotó de empleos que no eran más que un premio a la fidelidad. Empezó colocando a los suyos: las primeras mujeres de sus dos hijos obtuvieron plaza en propiedad y, después, siguió creando puestos de trabajo a través de contratos temporales o de oposiciones calificadas por un tribunal formado por sus propios enchufados.

La institución alcanzó el delirio empleador en 2010 cuando el patrón se jugaba la sucesión dinástica en el partido. Y la diputación cumplió su cometido: encumbró a su vástago con los votos de los compromisarios contratados por Baltar en la institución. Dos años después de aquel congreso, el patrón consiguió testar a favor de su hijo también la Diputación. En realidad, una institución ya extenuada, endeudada por tamañas contrataciones en un 96,55% y con un gasto en nóminas que se come 27,8 millones, casi la mitad de un presupuesto que no alcanza los 70 millones de euros. Solo el capítulo de gastos corrientes (luz, limpieza, sellos y papelería) y el pago de créditos e intereses absorben el 80% del presupuesto del monstruo en el que el primero de los Baltar convirtió la fábrica de los votos del PP.

El buen cacique apenas invirtió un 1% en carreteras aunque los tres departamentos destinados a ello —Vías y Obras, Cooperación provincial e Infraestructuras— tengan un ejército de personal: una base fija de 361 personas que, en las épocas dulces, preelectorales, suelen ascender a 500 por la gracia de los contratos. Esto es, la mitad de la plantilla de la institución trabaja en las prácticamente inexistentes obras públicas de la provincia.

Solo estos empleados (en su mayoría parientes de los alcaldes y portavoces del PP en los distintos Ayuntamientos) se llevan en nóminas 11,8 millones de euros del presupuesto de 16,3 destinado a este área. El resto de las diputaciones gallegas tiene externalizado este servicio, pero Baltar se empecinó en mantenerlo jactándose de ser un “ejemplo de empleador” cada vez que la oposición le echaba en cara el despilfarro.

La Diputación apenas invierte el 1% del presupuesto en carreteras, un área con 361 trabajadores

Los peones forman un sólido ejército baltarista. Brigadas de más de media docena de estos trabajadores construyen aceras en los pueblos. Cada una de estas pequeñas obras dura más de medio año. En la localidad de Reboredo, la brigada de la Diputación lleva ya seis meses dedicada a la construcción de una acera de 200 metros de largo. Una empresa lo haría en menos de un mes, pero los alcaldes no se quejan: “Queda perfecto”.

Pero si los empleados en Vías y Obras son (numéricamente) la madre del cordero del enchufismo de la institución provincial, este se extiende como una gripe a todos los organismos que dependen de ella. En realidad, Baltar siempre se entendió mucho mejor con el pueblo llano. Entre los cientos de empleos que firmó, una aplastante mayoría se corresponde, además de con los peones, con telefonistas, limpiadores y porteros. La capacitación que presentan, mayoritariamente, es la de ser sus propios alcaldes o portavoces, o los parientes de estos: mujeres, hijos, yernos, sobrinos...

Con los porteros hizo pleno. Colmó el edificio cultural de la institución con 33 de ellos (ahora puntualiza que solo hay 16) para atender sus tres puertas. El visitante entra en esa sala y un enjambre de hombres y mujeres vestidos con traje oscuro se arremolinan en su entorno (siempre muy educadamente, siempre con una sonrisa, siempre con la mejor disposición) para atenderlo en lo que desee, aunque el visitante no desee más que ver una exposición.

Pese a ello, a finales de 2009, en las vísperas del congreso provincial sucesorio, el gerente de ese centro cultural —antes jefe de prensa del propio Baltar en la Diputación, Francisco González— reclamó 12 personas más a través de un informe de urgencia a la presidencia. Baltar los firmó, junto a un ciento más de contratos, sin informe de Intervención ni de Secretaría. Le bastó con la rúbrica de su responsabilidad paterna.

La plantilla de la Diputación de Ourense duplica la de A Coruña, donde viven cuatro veces más ciudadanos

Entre el batallón de solícitos porteros del edificio cultural, que tiene un presupuesto anual de 1,1 millones de euros, están colocados un pariente del alcalde de Xinzo de Limia; el cuñado del jefe de compras de los talleres de la Diputación (quien además consiguió emplear en la institución a su mujer, a una hermana y a su cuñado); una concejala del PP del Ayuntamiento de Sarreaus; el yerno del presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (que tiene por costumbre homenajear con una comida anual a los alcaldes del PP) y la sobrina del responsable del centro ecuestre de la Diputación. Junto a ellos, un montón de “agentes electorales”, según ha denunciado hasta la saciedad la oposición: militantes del PP, con ascendiente en sus municipios, que se encargan de canalizar los votos hacia el partido. Muchos de ellos acaban ocupando puesto en las listas.

En el centro ecuestre de A Limia 17 personas cuidaban de 15 caballos en 2008. Entre los afortunados que encontraron empleo allí figuraban el alcalde del PP de Trasmiras y media docena de concejales del mismo partido en otros Ayuntamientos de la provincia.

La gestión de ese centro ecuestre está en tela de juicio. La Diputación dirime ahora en un Juzgado de lo Contencioso de Madrid una parte de la financiación —la aportación de los fondos comunitarios— con los que contaba en 2004 para la “habilitación” de esa hípica que cuesta 800.000 euros anuales a los ourensanos. Una inspección del Ministerio de Hacienda detectó numerosas irregularidades.

Los limpiadores, los acomodadores (e incluso los ayudantes de acomodadores) constituyen otro tropel de empleados fundamentales del baltarismo. En este caso concreto, para el coqueto y remodelado teatro Principal de la ciudad (también con un presupuesto anual de 1,1 millones, aunque apenas ingresa 20.000 euros) del que es gerente la exnuera del patrón, la primera mujer del heredero político, Olga Mojón. De la misma forma que el gerente del edificio cultural, Mojón reclamó también personal mediante informe de urgencia en las vísperas del congreso que ganó su exmarido.

Al calor de los empleos que ha fomentado el buen cacique se han multiplicado los organismos dependientes de la Diputación. El más reciente, Urbaourense, una especie de agencia de desarrollo urbanístico que Baltar creó para competir con la de la Xunta de Galicia cuando la gobernaban PSOE y BNG. Nombró a dedo al gerente, José Cudeiro, un ex director general de la Xunta de Galicia, le puso un sueldo de 80.000 euros anuales y dos empleados en nómina a su cargo. Uno de ellos, una administrativa hija del abogado personal del exbarón. Además, blindó el contrato de Cudeiro para indemnizarlo con 200.000 euros en caso de disolución del organismo. Urbaourense, que solo perdió dinero —tiene un agujero de 381.000 euros— se disolvió. Ahora, el nuevo Baltar le busca al exgerente jefatura de servicio en la desbordada Diputación.

Pero la red de empleos del organismo provincial va mucho más allá. Al Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) no se le conocen grandes gestiones, pero tiene un presupuesto anual de 2,2 millones de euros y un buen número de cargos y militantes del PP también en nómina. Empezando por el gerente.

Hasta la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, la Diputación era una finca asilvestrada. Después, también. Durante las dos décadas que duraron sus impenetrables mayorías absolutas, el buen cacique recibía cada jueves a un aluvión de alcaldes que acudían a interesarse por lo suyo. Cada vez más, demandas de empleo en una provincia sin tejido empresarial. Él les decía a todos lo mismo: que sí. Aunque el personal duplica al de la Diputación de A Coruña que atiende a una población de 1,1 millones de personas frente a los poco más de 333.000 de la de Ourense. Pero de su arbitrariedad con el personal da cuenta el que fue jefe del servicio de Publicaciones de la institución, que detalla cómo Baltar empleó en ese mismo departamento al hijo del entonces alcalde de su pueblo natal, Esgos, y de cómo le “pagó la nómina” durante los años en los que el trabajador se fue a estudiar a Santiago “sin pisar la Diputación”.

El ex arquitecto jefe de la institución, Emilio Fonseca —Premio Europa Nostra— recuerda, ya con distancia, cómo le ninguneó el expresidente. Fonseca era el único arquitecto de la Diputación, pero no era de la cuerda de Baltar: le pagaba menos que a los técnicos de grado medio que trabajaban en el mismo departamento. El arquitecto recurrió al sindicato mayoritario de la Diputación, CC OO. Pero descubrió que estaban ahí “todos los alcaldes del PP, los que había colocado antes el presidente en el sindicato amarillo”. Se habían cambiado de siglas.

Esta semana, después de que la fiscalía anunciase una querella por prevaricación contra el hombre que controla a sus anchas la provincia desde hace más de dos décadas, Baltar anunció que se daba de baja temporalmente como militante del PP.

El futuro del vástago lo decidirá, quizá en marzo, el congreso provincial de un partido repartido por las dependencias de la excéntrica Diputación. O también viceversa.