Díaz Ferrán tramó quedarse con la indemnización de Aerolíneas Argentinas

El expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su testaferro Ángel de Cabo tramaron para apropiarse de la eventual indemnización que se fije por la expropiación de Aerolíneas Argentinas por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Díaz Ferrán y De Cabo tienen trabada en favor de una empresa radicada en un paraíso fiscal parte de la indemnización que reclaman en EE UU al Gobierno argentino, unos 800 millones de euros. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo (la persona a la que ha fingido vender casi todo su patrimonio para esquivar a sus acreedores españoles) mantienen un pleito con Argentina ante un organismo internacional de mediación y arbitraje, denominado CIADI, ubicado en Washington, que es el que debe fijar si cabe o no indemnizar por esta expropiación. Este organismo aún no se ha pronunciado.

Sin embargo, parte del dinero que estipule (cuya cuantía total, por otro lado, figura embargada por un juzgado de Madrid para responder de deudas con acreedores) ya está pignorado. Es decir, Díaz Ferrán y su testaferro De Cabo, a través de la firma Possibilitum (la sociedad mediante la que De Cabo ha fingido comprar al expresidente de la CEOE casi todas sus propiedades por precios irrisorios), tienen empeñada parte de la eventual indemnización que se fije.

Documentos en poder de este periódico acreditan que el 14 de julio de 2010 (cuatro meses después de que la firma de Díaz Ferrán Air Comet cayera en concurso de acreedores, y más de un año después de que Argentina decretase la expropiación de la aerolínea), Díaz Ferrán y De Cabo acudieron al notario de Madrid Segismundo Álvarez-Royo. Y pignoraron parte de la eventual indemnización del pleito en favor de la sociedad denominada Burford Capital Limited, radicada en la isla de Gensey (paraíso fiscal situado en el canal de la Mancha). En una escritura pública anterior a esta, la citada sociedad de Gensey suscribió un contrato de financiación por el cual asumía los gastos del pleito suscitado ante el citado organismo de mediación, y exige ser resarcida por ello. La persona que representó a Burford Capital Limited fue Mariano F. I. R., convertido en apoderado de esta sociedad solo cinco días antes. Y, supuestamente, alguien de confianza de ambos para sacar tajada del dinero de la expropiación, según fuentes de la investigación. “Estas operaciones evidencian el intento de Díaz Ferrán y De Cabo de sustraer este eventual activo de las manos de los acreedores mediante un control del pleito”, señalan estos medios. Varios juzgados mercantiles de Madrid han accedido a que Possibilitum y otras sociedades puestas bajo el mando de Iván Losada (hombre de De Cabo y miembro de la trama) pleiteen contra Argentina ante la CIADI, pero con la condición de que el dinero vaya a parar a la masa de los diferentes concursos que pesan sobre el holding del expresidente de la patronal. Sin embargo, el pacto entre Díaz Ferrán y De cabo otorga un derecho de crédito “preferente” a Burford Capital y la obligación de ingresarle una parte del dinero en una cuenta situada fuera de España y Estados Unidos.

Argentina ya ha informado a la CIADI de los procesos penales abiertos en España contra Díaz Ferrán, De Cabo e Iván Losada. Los tres están en la cárcel desde el pasado 5 de diciembre por delitos de estafa, blanqueo de capitales (la fiscalía sospecha que el primer citado puede ocultar fuera 50 millones de euros) y alzamiento de bienes. El Gobierno argentino rechaza el pago de esa indemnización y aduce, entre otras cosas, el estado ruinoso y las deudas que Air Comet, una de las empresas de Díaz Ferrán, dejó en Aerolíneas Argentinas, lo que habría precipitado la expropiación. También esgrime el esfuerzo económico que ha tenido que hacer para mantener activa la compañía y su flota de aviones, de las más importantes del país.

Hay numerosas escrituras notariales en la causa que tramita el juez Eloy Velasco que revelan cómo Díaz Ferrán urde con De Cabo el vaciamiento patrimonial de su conglomerado empresarial (Viajes Marsans, la cadena de hoteles Hotetur, empresas de autobuses, seguros Mercurio…) cuando se ve sobrepasado por las deudas. Pero este, en lugar de dejar el patrimonio en manos de los jueces para que lo repartan entre los acreedores, fingió vender a De Cabo sus activos para obstruir los concursos de acreedores en marcha.