Los 17 supervivientes del bote arrollado por una patrullera serán expulsados
Los inmigrantes demandarán al Estado por daños y perjuicios Dos abogados de oficio expertos en Extranjería los asistirán
“¿Dónde están los que faltan?”, pregunta Majid a su hermano Brahim D., que vive en Fuerteventura y procede de Sidi Ifni (Marruecos). Majid intentó arribar a Lanzarote en la patera que volcó después de ser golpeada por una patrullera de la Guardia Civil el pasado 13 de diciembre. Ahora está en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Gran Canaria. “No saben nada, no tienen ni idea de qué va a pasar con ellos”, responde a Brahim.
La fiscalía no tiene intención de solicitar la paralización de la expulsión de los 17 supervivientes del naufragio de la patera en El Jablillo hasta que se esclarezca lo ocurrido. Dos de ellos, de hecho, recibieron la orden de expulsión durante la tarde de este jueves y su vuelo partirá la mañana de este viernes. Sus abogados, con los que el jueves hablaron por primera vez, solicitaron la cautelarísima pasadas las diez de la noche. El vuelo de repatriación del resto podría ser el que está señalado para el próximo 28 de enero, según fuentes policiales.
Los perros de la Policía Nacional que allí viven no paran de ladrar en toda la noche. De hecho, sus ladridos son lo único que se escucha en plena madrugada en las inmediaciones de la antigua cárcel de Barranco Seco, hoy convertida en un CIE. Allí intentan conciliar el sueño 14 de los supervivientes del naufragio. En el siniestro desaparecieron siete personas. Sobrevivieron 17 (hay dos menores de edad y uno ingresado en el hospital). Y un cuerpo apareció flotando, sin vida.
En España viven familiares de las personas que perdieron la vida. Y en las Islas Canarias viven hermanos, padres, madres y tíos de varios de los supervivientes. Se da la circunstancia de que las medidas de internamiento en los CIE son solo para los inmigrantes que no tengan familiares o lugar en el que residir. La fiscalía no ha valorado, sin embargo, que muchos de ellos sí los tienen.
La Coordinadora de Barrios, asociación con sede en Madrid, emitió un escrito a la Fiscalía de Las Palmas pidiéndole que investigara el siniestro para intentar saber lo sucedido aquella noche, sin que se haya dado siquiera respuesta. Posteriormente, se lo pidió a la juez de Control del CIE, Victoria Rosell, que lo puso en conocimiento del Colegio de Abogados al considerar que “estaban indefensos” y para hacer ver la situación de los jóvenes que están privados de libertad en el CIE y que reclaman “justicia con los desaparecidos”. Cabe recordar que el impacto se produjo cuando el patrón de la patrullera ya había comunicado que estaba averiada, lo que restaba movilidad al buque de la benemérita. La fiscalía aduce que se trata de un “procedimiento común, como todos los demás” y el juzgado de instrucción número 3 de Arrecife es el encargado de llevar el caso y solicitar la documentación necesaria.
Los supervivientes repiten una y otra vez que la patrullera de la Guardia Civil impactó contra la patera tras darle el alto. También aseguran que se aproximó más de lo que indica el protocolo. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil al que se ha tenido acceso hace constar que “el patrón de la patera se lanzó al agua”, agarrándose a un bidón, y dejó la embarcación a la deriva, lo que unido a la “capacidad de maniobra limitada por la avería” de la patrullera, hizo imposible evitar el impacto. Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Las Palmas ha habilitado a dos letrados especialistas en Extranjería para que representen a los supervivientes e interpongan una demanda contra el Estado “por posibles daños y perjuicios y en la que con toda probabilidad se incluyan reclamaciones patrimoniales”, según Joaquín Espinosa, su decano.
De toda esta sucesión de hechos, los familiares cercanos de los fallecidos no tienen ni idea. Varios de los que viven en España llaman a periodistas y ONG para tratar de saber en qué punto se encuentra el caso. Otros, los que habitan en Sidi Ifni, de donde partieron la mayoría, han trasladado a sus instituciones más cercanas el asunto. “Se sabe que pagaron entre 4.000 y 5.000 dirhams por montar en la patera. Y se pagó a tres personas diferentes”, aciertan a decir fuentes oficiales marroquíes. “Colaboramos con la policía española en saber quién es el patrón de la patera y la red de traficantes de personas”, aseguran fuentes diplomáticas del país alauita.
“Los que faltan”, por los que pregunta Majid D., son los que no aparecen y a los que ya no se busca. Los supervivientes aseguran que son siete. En la comisaría hay quien piensa que “algunos son inventados”. Uno que no puede ser inventado es Jihad Zohuaiga. Sus familiares viven en Lanzarote y no lo encuentran en el listado de supervivientes, pero saben que venía en la embarcación. El pasado 18 de diciembre se manifestaron junto a otros ciudadanos en Arrecife pidiendo justicia.
