Once defensores del Pueblo exigen que se palie “la alarma social” de los desalojos

A los 11 defensores del Pueblo de toda España no les es ajeno el problema del impago de hipotecas, los desahucios y los “lanzamientos” de personas a la calle sin vivienda y con la deuda intacta. Todos ellos, reunidos en Oviedo, con el adjunto primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en representación de la defensora, Soledad Becerril, han constatado la magnitud del drama de decenas de miles de españoles a los que los poderes públicos deben dar respuesta “con urgencia y premura”.

No importa el color político del partido que les nombró (la mayoría del PP), ya que ha habido unanimidad en pedir cambios legales y, mientras tanto, la adopción de medidas que palíen la situación. “La alarma social es ya un hecho por el extraordinario número de ejecuciones hipotecarias, sin que se ofrezca una alternativa real a la pérdida de vivienda, o del local que constituía la actividad principal del deudor”. El resultado de esa pérdida es “el endeudamiento de por vida del prestatario y la ruina de las personas que fueron garantes del préstamo”.

Los defensores, además del diagnóstico, aportan un catálogo de medidas, encabezadas por la ampliación de supuestos de beneficiarios de la paralización de los desahucios. Lo aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy solo afecta a personas que están casi en la indigencia.

Otra ampliación debería producirse en los supuestos de acogimiento para reestructurar la deuda hipotecaria, buscando soluciones a situaciones de sobreendeudamiento en personas que actuaron de buena fe. Las medidas de protección deben extenderse a los locales de negocio donde se desarrolla la actividad que constituye el medio de vida del deudor.

Quienes están más cerca de este grave problema, como son los defensores del Pueblo autonómicos y de los Ayuntamientos, coinciden en sus recetas. Así, se aprecia gran similitud en las propuestas de los defensores y las lanzadas por muchos alcaldes, entre ellos los socialistas, encabezados por el regidor de Vigo, Abel Caballero. Sus planteamientos se debaten ahora en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La mediación entre deudor y banco es propuesta por defensores y alcaldes y podría ejercerla el Ayuntamiento correspondiente. La puesta en marcha inmediata del Fondo Social de Vivienda, dotado con casas para ser utilizadas por los desahuciados, es otra de las propuestas. El alquiler social es pedido por alcaldes y defensores del pueblo para los que no puedan pagar su hipoteca por causas sobrevenidas.