Díaz Ferrán, Losada y Cabo, en prisión tras no pagar fianzas históricas

Los tejemanejes del fondo buitre de Ángel de Cabo y su connivencia con el expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, para vaciar el Grupo Marsans en pleno concurso de acreedores y salvar el patrimonio del exlíder de la patronal y de su socio, Gonzalo Pascual (fallecido en julio), han originado las mayores fianzas de la historia judicial española. En total, el juez Eloy Velasco decretó este miércoles cauciones para eludir la cárcel a los imputados por más de 110 millones de euros. 30 de ellos corresponden a Díaz Ferrán y 50 a De Cabo, su presunto compinche en la descapitalización de la agencia de viajes. El magistrado impuso también otra fianza de 30 millones para Iván Losada, el hombre de confianza de Cabo, al que este colocó de director general de Marsans tras hacerse con la compañía en una operación supuestamente ficticia. Todos fueron llevados a la cárcel de Soto del Real (Madrid), al no hacer frente al pago. El último en llegar fue Díaz Ferrán, quien fue trasladado hasta el penal desde los juzgados de la plaza de Castilla a las 23.30, en un furgón de la Guardia Civil. El expresidente de la CEOE declaró esta tarde por el caso Air Comet y solicitó ser visto por un médico al encontrarse indispuesto.

El juez sostiene que Díaz Ferrán y Pascual diseñaron “una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando insolvencia patrimonial”. Es decir, urdieron la venta de gran parte de su patrimonio, con trampas procesales, para que salieran a subasta judicial la menor cantidad de bienes, en detrimento de sus acreedores. Para ello, según Velasco, se puso en contacto con el liquidador De Cabo —cuyo grupo está especializado en sacar dinero de empresas en quiebra— a quien, supuestamente, le vendió el Grupo Marsans, “creando una apariencia de insolvencia”.

Velasco tiene indicios, además, de que el expresidente de la CEOE no solo trató de engañar a sus trabajadores y acreedores, sino también a su propio socio fallecido: “Cada propietario de Marsans”, es decir, Díaz Ferrán y Pascual, “debía recibir 100.000 euros mensuales, hasta alcanzar la suma de ocho millones de euros, respectivamente”, explica el magistrado. Díaz Ferrán sí recibió cada mes el dinero pactado con De Cabo, a cuyas oficinas de Valencia (Aszendia Abogados 21) se desplazaba para cobrar. El juez destaca que Pascual, su socio de toda la vida, no llegó sin embargo a percibir un solo euro.

Sin afeitar, con el rostro desmejorado tras dos días de detención, el exlíder de los empresarios españoles negó la mayor durante su comparecencia. La versión que mantuvo fue que sus tratos con De Cabo se limitaron al traspaso de su grupo turístico y que no tiene ninguna responsabilidad de lo ocurrido después. Que esa venta, que los investigadores consideran fraudulenta, solo tenía el objetivo de salvar las empresas del grupo, sumidas en una grave crisis después de que la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) le prohibiera seguir comercializando billetes y que la justicia británica bloqueara los aviones de Air Comet.

En contra de lo que mantiene el juez en su auto de prisión, el empresario Díaz Ferrán negó que hubiera cobrado de Cabo tras la venta de Marsans o que tuviera dinero en Suiza. También rechazó su participación en el desvío de los 33,8 millones de dólares que Airbus traspasó a la filial irlandesa de Marsans, Astra Worldwide International Leasing. Parte de ese dinero, 4,9 millones de euros, acabó supuestamente en las cuentas de una de las empresas del entramado de Cabo, Esser International 21, que a su vez lo traspasó a una cuenta de este último en Suiza. Esa cantidad fue bloqueada por el juez Pablo Ruz el pasado julio.

El fiscal Daniel Campos también le preguntó por su lujoso coche Rolls Royce valorado en medio millón de euros y que, según la querella de los proveedores —Pullmantur, AC Hoteles, Meliá, Iberojet y Orizonia, entre otros— que dio lugar a la investigación, trató de salvar de la quiebra poniéndolo a nombre de otra de las empresas de Cabo, Munari Negocios. Díaz Ferrán negó ante el juez que fuera suyo y aseguró que antes de su traspaso, lo utilizaba para alquilarlo “en bodas y películas”.

Algo similar mantuvo sobre su yate de 27 metros, Leuqar, bloqueado por el juez Velasco el pasado junio en el puerto de Barcelona para impedir su exportación por una empresa de Cabo al paraíso fiscal de Islas Vírgenes británicas. El fiscal Daniel Campos le preguntó si había seguido usando el barco, algo que los investigadores consideran “público y notorio”, pero el exlíder del empresariado lo negó.

Todas estas operaciones, según la visión de Díaz Ferrán, fueron culpa de Cabo y sus empleados. También la venta de sus propiedades inmobiliarias en Mallorca a compradores rusos o la de sus dos apartamentos —él mantuvo que solo tenía uno— en el lujoso Hotel Plaza de Nueva York. El kilo de oro que los agentes descubrieron el lunes en su domicilio madrileño era un regalo de sus padres, según dijo ante el juez.

Aparte de las fianzas millonarias impuestas a Cabo —que se negó a declarar—, Díaz Ferrán y Losada, el juez decretó otras tres de 500.000 euros para tres de los testaferros del máximo responsable del fondo buitre presidido por el valenciano: Carmelo José Estellés, Antonio García Escribano y José Enrique Pardo Manrique. Estellés habría participado como intermediario en el cobro de la deuda de 33,8 millones de dólares de Airbus a favor de Astra, la filial irlandesa de Marsans, mientras que Pardo era titular de muchas de las sociedades de Cabo, entre ellas Aszienda Abogados 21, por la que se canalizaron hacia el entramado esa cantidad.

Para Susana Mora, la secretaria personal de Cabo, en cuyo domicilio fue hallado un millón de euros, y que, con el tiempo, se había convertido en una persona “de la máxima confianza de Cabo” y junto a Losada, “una de las pocas con capacidad de decisión en la organización”, la fianza fue mucho menor. La colaboradora de la trama salió libre tras hacer efectiva en el juzgado la cantidad de 3.000 euros gracias a que cooperó con la justicia durante su declaración.

También quedó libre Rafael Tormo, con la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días y la prohibición de salir de España. El juez lo considera responsable de la creación de la estructura societaria de la organización en el extranjero, así como de la confección de contratos simulados y documentos predatados con los que la trama, supuestamente, desvalijaba empresas en ruina.

El único precedente anterior de unas fianzas tan elevadas es la que se le impuso en junio de 1999 al empresario Javier de la Rosa por las cuentas en paraísos fiscales en el denominado caso Kio, hasta entonces considerada la más alta de la historia judicial española. Eran 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros), aunque más tarde fue rebajada a 500 millones de pesetas (tres millones de euros). Ahora, la fianza a Díaz Ferrán se equipara con esta cantidad. Más reciente, y también considerada una fianza alta, fue la cantidad que se le impuso al cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, de 15 millones de euros.

La Operación Crucero arrancó tras la denuncia de los empresarios de AC Hoteles, Barceló, Iberojet y otros, que aseguran que los expropietarios del Grupo Marsans realizaron una práctica ilegal por la que Díaz Ferrán había intentado ocultar parte de sus bienes para no pagar las deudas millonarias contraídas con decenas de proveedores. La investigación del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ha confirmado la mayoría de los extremos denunciados por las empresas a las que Díaz Ferrán debía más de 400 millones de euros. “Se confirmó lo que decían y hemos ido aún más lejos”, explica uno de los responsables de esta investigación judicial apoyada por el fiscal Daniel Campos y la policía.