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EL COPAGO EN LOS TRIBUNALES

Las tasas “obedecen a exclusivos motivos de oportunidad económica y política”

El Poder Judicial considera en su informe que la imposición es “excesiva” e incluso “exorbitante”

La Ley de Tasas fue informada tanto por el Consejo de Estado como por el Consejo General del Poder Judicial. Ambos emitieron informes que criticaban la imposición planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Poder Judicial destaca en su primera conclusión que la modificación obedece a “exclusivos motivos de oportunidad política y económica”. Pero ni siquiera le hizo falta una evaluación para determinarlo así, ya que la propia ley, en su justificación, así lo indica.

Todas las asociaciones mayoritarias de jueces, incluyendo la conservadora APM, han mostrado su postura contraria a la implantación de las elevadas tasas.

Aún así, el informe del CGPJ, que fue aprobado con mayoría y con cinco votos particulares, considera la iniciativa de Gallardón de “excesiva” y, en algunos casos, “exorbitante”. La norma exige el pago de hasta 1.200 euros para algunos recursos a los que se sumaría el porcentaje relativo a la cuantía que se reclame.

Gallardón contra su padre

José María Ruiz-Gallardón.
José María Ruiz-Gallardón.
El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pasará a recordarse como el ministro del copago en los tribunales. La medida no solo es ajena a las propuestas de justicia que el PP llevaba en su programa electoral, sino que, en el plano, personal sitúa al ministro en una postura contraria a la que mantuvo su padre en 1986, cuando era diputado en el Congreso por Zamora por Coalición Popular.
Entonces, el Gobierno socialista de Felipe González, derogó la Ley de Tasas del 1959. En el debate de aquella ley, José María Ruiz-Gallardón, presentó una enmienda en la que reclamaba la eliminación de estas aun en mayor medida de la propuesta del Gobierno. Así, expuso que “con el fin de hacer efectivo el abaratamiento de la Justicia, no sólo es preciso suprimir las tasas y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido, que grava las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos".

El gobierno de los jueces resaltó en su informe la prioridad de la cuestión económica para la aprobación de las tasas y en el efecto disuasorio de no acudir a la justicia que supondrá para los usuarios la imposición de las tarifas. Sin embargo, apunta que “no se vislumbra” que la reforma pueda propiciar la pretendida eficacia y racionalización de la Administración Pública”. También echa por tierra el argumento de que las tasas vayan a suponer un arma contra los fines dilatorios para los que algunos utilizan los recursos ya que, tal como sostiene, existe un instrumento jurídico para rechazar peticiones que entrañen un abuso. “Existen otras medidas más eficaces”, afirma el informe.

Ante la tesis de que la recaudación servirá para financiar la justicia gratuita, el Poder Judicial sostiene que lo que pretende implantar es una “solidaridad selectiva a cargo de los usuarios de la Administración de justicia, en detrimento del sostenimiento público del coste que comporta la asistencia jurídica gratuita”.

Por todo ello, el Consejo General del Poder Judicial recomendaba a Gallardón una “reflexión” y aconsejaba “atemperar los incrementos".

El informe, en cualquier caso, reconoce la legitimidad del Gobierno para llevar a cabo la reforma de las tasas, pero sugiere algunas dudas sobre su constitucionalidad tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya ha advertido de que la cuantía de las tasas “no debe impedir u obstaculizar de manera desproporcionada el acceso a la jurisdicción”.