Tres policías declaran al juez que no existía seguridad en el Madrid Arena

Las medidas de seguridad desplegadas para la macrofiesta de Halloween en el pabellón Madrid Arena “eran inexistentes”. Así lo han declarado ante el juez instructor de las diligencias, Eduardo López Palop, dos miembros de la Policía Nacional y otro de la Local que asistieron, a título privado, al evento del pasado 31 de octubre.

Los agentes, de entre 20 y 23 años, describen escenas sobrecogedoras, según fuentes de la investigación. El recinto estaba atestado de menores de edad, casi todos “borrachos y/o drogados”, a los que se sirvió alcohol sin reparo. Eso no es un delito, pero sí una falta administrativa muy grave. Nada más percatarse de la tragedia, estos policías ayudaron a extraer cuerpos aprisionados bajo otros a la salida del túnel. Ignoran la causa concreta de la estampida humana que precipitó la muerte de cuatro jóvenes y mantiene hospitalizada, en estado muy grave, a una quinta. No tienen certezas de si fue una estampida por el destello de una bengala en el centro de la pista, una pelea o la irrupción en el recinto de una masa de jóvenes que habían estado de botellón en un aparcamiento adyacente, al precio de 10 euros. La precipitada entrada coincidió con el inicio de la actuación del DJ Steve Aoki, reclamo del espectáculo.

Los policías contaron que, en el túnel en el que murieron aplastadas las jóvenes, se toparon con escenas sobrecogedoras: montones humanos de “entre seis y siete cuerpos de altura, unos encima de otros” (más de 400 kilos de peso sobre las fallecidas). Los cuerpos de las jóvenes, y de la herida muy grave, “estaban reventados”, según certificó in situ el forense judicial. La autopsia posterior confirmó que fueron aplastadas.

El juez ha citado esta semana, para responder de tres delitos de homicidio imprudente en concurso con otro de lesiones graves al organizador del evento, Miguel Ángel Flores.

“Estaban unos sobre otros. En montones de seis y siete cuerpos de altura”, dicen los agentes

La investigación no ha hecho más que comenzar. Y será compleja. Su objetivo, buscar pruebas documentales y testificales y delimitar la actuación de cada uno de los responsables. Tanto de los del pabellón, con personalidad jurídica propia pero dependiente del Ayuntamiento de Madrid, como de los organizadores y las agencias de seguridad que esa noche debieron velar por la seguridad de los miles de asistentes. En la lupa de la investigación se hallan, aparte de Flores, las empresas de seguridad Seguriber, que es la específica y habitual del recinto, y Kontrol 34, que aportó vigilantes esa noche para el interior del recinto (“muchos de ellos meros porteros de discotecas, sin la preceptiva licencia del Ministerio del Interior”). La fiscalía quiere saber los nombres y domicilios de todos los vigilantes, y no solo para interrogarles sobre lo que pasó; también para indagar si disponen de permiso para ese cometido. Los tres policías que han declarado ante el instructor indican que muchos de los vigilantes eran extranjeros cuyo único signo distintivo era un chaleco reflectante.

Según fuentes de la fiscalía, que dirige Manuel Moix, la policía tiene orden de elaborar un informe técnico sobre el aforo del Madrid Arena. Los agentes disponen de un mecanismo que permite aproximarse a la cifra real de asistentes calculando el número de personas por cada metro cuadrado. Podrán ayudarse de las 90 horas de imágenes que han aportado las cámaras del recinto. Los policías no aventuraron cifras sobre el número de asistentes, pero están convencidos de que muy fue superior al permitido, en torno a 10.500 personas. La pista central, donde se produjo la estampida, nunca debió albergar a más de 3.900 personas. Pero, según los investigadores, existió “circulación libre” entre las plantas (otra irregularidad), por lo que es muy posible que su aforo también quedara ampliamente rebasado.

Cuando el juez y el fiscal jefe de Madrid acudieron hace días al recinto para inspeccionarlo, buscaron los cestos en los que los porteros arrojaron las entradas, para decomisarlas y poder contarlas. No hallaron ni los cestos ni las entradas, aunque la investigación sigue abierta y no se descarta que fueran retirados esa noche por los responsables de la fiesta. Según la investigación, la venta descontrolada de alcohol incluso a menores era absoluta y contribuyó a la tragedia. Las primeras pesquisas apuntan a que las jóvenes, en medio de la masa humana aparentemente ebria que salía del local espoleada por un incidente en la pista central, tropezaron y cayeron al suelo en el interior del túnel. Las personas que iban inmediatamente tras ellas se detuvieron para no pisarlas y trataron de contener a la masa de detrás.

Pero el empuje fue brutal y cayeron sobre ellas, y así sucesivamente. “En el tunel de la plaza de toros de San Fermín existe la figura del levantador. Cuando alguien cae en esa zona de embudo, hay miembros de seguridad cuya labor es sacarles cuanto antes para que no tropiecen con ellos los corredores; en el Madrid Arena no existían”, indican fuentes de la investigación. No está claro aún qué propició la estampida, que se produjo casi a la par que el DJ iniciaba su actuación. “No sabemos si fue una bengala o una pelea en el centro de la pista, aunque los destellos de bengalas se sucedieron durante toda la noche sin que nadie lo evitase, como se ve en las cámaras”, añaden. En esa macrofiesta todo estaba orientado a “maximizar ganancias minimizando gastos”, subrayan.

La tragedia del Madrid Arena ha costado ya la dimisión al concejal delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo. Ha dejado el cargo, pero no el acta de concejal (la nómina). Esta concejalía lleva aparejada la presidencia del ente municipal Espacios y Congresos de Madrid, dueña del Madrid Arena. Es una empresa pública, pero con personalidad jurídica propia. Fue la que contrató con Flores el alquiler del pabellón para tan nefasta fiesta. Su responsabilidad en la tragedia vendría dada por una culpa in vigilando. Calvo está imputado porque, al ser el presidente de esa sociedad, tenía obligación de supervisar que no se cede el recinto para hechos delictivos. “No se puede alquilar un local público, por ejemplo, para un encuentro racista”, concluyen.