La escalera de los desalojos
Historia de una casa de Getafe con un banco de por medio
En 45 años, la vivienda número 1 de la calle del doctor Barraquer, 23, en Getafe (Madrid), ha tenido cuatro propietarios, entre ellos un banco. Magdalena, la segunda dueña que tuvo el piso, sigue viviendo en el mismo edificio, pero de alquiler justo encima de su antigua casa. A Magdalena cada vez le cuesta más subir los peldaños de la escalera. Desde hace un año y medio arrastra el peso de las deudas, dos desahucios y una hija en paro que ha vuelto a vivir con ella. Cada vez que pisa los escalones debe lidiar también con la fuerza del recuerdo y, aunque se proponga pasar de largo, siempre acaba por mirar de reojo la puerta de su antigua casa.
Son muchos los momentos que ha pasado en ella. “Entré a vivir con mis dos hijas en 1976. Isabel, la pequeña, tenía menos de un año. Yo me acababa de quedar viuda”, recuerda. Ella se la compró a su amiga Eugenia, que dejó el bloque al tocarle la lotería. Con el dinero que Eugenia ganó del premio y con la venta del piso, ella y su marido se trasladaron a la avenida de las Ciudades, número 40, a un piso más grande, a tan solo unas manzanas de la calle donde vivieron durante nueve años. El matrimonio había comprado la vivienda a la constructora española Pryconsa, en 1967. Esta fue otra época dorada para la industria del ladrillo, en diez años Getafe pasó de tener 69.000 a 124.000 vecinos. Mucho ha cambiado el paisaje urbano en el barrio desde entonces. Antes los bloques de edificios de la vivienda de Magdalena daban a un descampado. Desde hace una década hay un parque infantil y un par de edificios nuevos.
En su nueva casa de alquiler, a Magdalena no le falla la memoria al contar que fue su hermano menor quien le animó a comprar la vivienda. “La casa me costó 1.800.000 pesetas (casi 11.000 euros, sin actualizar). Di 800.000 de entrada y el resto lo pagué a plazos. Cada mes entregaba a Eugenia 12.000 pesetas (72 euros), a los siete años saldé toda la deuda”, explica orgullosa.
Hasta hace dos años, Magdalena disfrutó de una vida sin mayores sobresaltos. Vio cómo sus dos hijas se hicieron mayores, consiguieron trabajo y se marcharon de casa. En 2007, en plena burbuja financiera, Isabel Torres, la menor, se compró una vivienda unifamiliar con piscina en una urbanización en Camarena (Toledo) valorada en 110.000 euros. La asesoría financiera Épicas hizo de intermediaria entre Isabel y el banco, General Electric. Como Isabel tenía un contrato temporal, su madre le avaló con su casa de Getafe. El banco tasó la vivienda en 218.249 euros. Isabel firmó un préstamo de 90.000 euros. Se lo gestionaron con rapidez a pesar de que ella no especificó ingresos ya que tenía un contrato temporal de camarera de dos meses y su marido, vigilante de seguridad, ganaba 900 euros ampliables en función de las guardias. Le dijeron que pagaría unos 400 euros al mes pero que debería avalar también con la casa de la madre. Con el tiempo descubrió que la factura ascendería a 111.000 al sumarle todos los gastos.
Los problemas financieros se agravaron cuando Isabel dejó de trabajar en 2008. En 2009 el banco le embargó el piso de Toledo por impago. Isabel volvió a casa de su madre, a Getafe. “Lo más duro de todo fue contarle a mi madre que su vivienda también corría peligro”, dice apesadumbrada Isabel. Ella luchó para que su madre no pasara por el mismo trance. En 2010 empezó el peregrinaje de las dos mujeres por los juzgados de Getafe. Consiguieron paralizarlo tres veces. Les reclamaban 111.210 euros de préstamo, más 12.000 de intereses, más 36.000 de gastos y costas. Madre e hija quedaron en la calle. Una vecina les ofreció alquilar una habitación en el mismo edificio del que les habían echado por 250 euros al mes.
Isabel pertenece a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Getafe. Un paseo de quince minutos por la ciudad bastan para ponerse al día de todos los procesos de desahucios que han vivido los vecinos en los últimos dos años. “En nuestra calle se han producido ya unos cuantos”, apunta con el dedo a un par de ventanas. Solo en el edificio donde viven se han ejecutado tres órdenes de lanzamientos.
En dos de estas viviendas siguen las ventanas bajadas, pero la antigua casa de Magdalena ya tiene nuevos propietarios, un matrimonio de treintañeros con dos hijos pequeños. Él es argentino, ella italiana. Llevan en Madrid más de 11 años viviendo de alquiler. La pareja encontró la oferta en el portal web de Tecnocasa. Pedían por la casa 75.000 euros, al final la compraron al banco por 55.000. Ya no queda nada de como era antes. Ahora es un espacio diáfano, han tirado los muros y han pintado de color verde las paredes del comedor y de rojo las de la cocina. Todo es nuevo. “Mi marido es muy manitas y con un la ayuda de un amigo la hemos reformado”, explica Anna.
La pareja no ha querido contraer ninguna deuda con el banco, compraron la casa al contado con la ayuda de su familia. “No supimos que era una casa embargada hasta que firmamos el contrato. En él leímos que el propietario era General Electric. Nos dio mucha pena cuando conocimos la historia de Magdalena. De su experiencia hemos aprendido otra lección, nunca avalaremos a nuestros hijos con una propiedad”, argumenta.
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