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El Poder Judicial niega de nuevo a los jueces el derecho a la huelga

La comisión permanente acordó denegar la fijación de servicios mínimos en la judicatura El Consejo entiende que no hay base legal para que los jueces tengan reconocido el derecho

El Consejo General del Poder Judicial ha negado de nuevo a los jueces el derecho a la huelga. La comisión permanente del órgano de gobierno de los magistrados acordó la semana pasada denegar la fijación de servicios mínimos en la judicatura para la huelga general de mañana convocada por los sindicatos. La petición había partido de la asociación progresista Jueces para la Democracia. El Consejo explica en un comunicado que no hay base legal para que los magistrados hagan uso de ese derecho: "El ejercicio del hipotético derecho de huelga de Jueces y Magistrados carece en el momento actual de soporte normativo".

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El Consejo ha acordado la decisión por unanimidad, como ya hizo el pasado mes de octubre de 2009. Entonces el pleno contestó a la pretensión de las asociaciones de parar los juzgados españoles en protesta por el atasco judicial. Y lo hizo subrayando que era competente para evaluar si los jueces pueden ir o no a la huelga, y advirtiendo de que velaría por que los jueces acudieran a trabajar y cumplieran su cometido jurisdiccional para no quebrantar "el derecho a la tutela judicial efectiva" que ampara a los ciudadanos.

Jueces para la Democracia ha difundido un comunicado en el que muestra su apoyo a la huelga general convocada para mañana y critica que los "sacrificios" que se exigen a la mayoría de la población no se extienden a los "sectores más privilegiados" pues las grandes empresas, las entidades bancarias y las grandes fortunas siguen sin realizar aportaciones tributarias en términos similares a otros países de nuestro entorno.

La asociación de jueces comparte en un comunicado las razones de los sindicatos para convocar el paro general y anuncia que asumirán la "autorregulación" de la carga de trabajo establecida por el Consejo ante la negativa de este órgano de regular los servicios mínimos.

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