El Gobierno estudia ampliar el pacto con los bancos contra los desahucios

El Gobierno se inclina por una solución pactada con los bancos para resolver el aumento de los desahucios de personas que no pueden hacer frente al pago de las hipotecas, según fuentes de Economía y de Justicia.

Esa salida pasaría por la modificación del Código de Buenas Prácticas que se aprobó hace seis meses y al que se sumaron libremente las entidades bancarias, antes que por una reforma legal imperativa, tal y como proponen partidos como el PSOE que recientemente presentó una proposición de ley que supone la reforma de varias normas. El Gobierno prefiere una “acción concertada con los bancos”, según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.ç

“Se están produciendo y estamos viendo hechos verdaderamente dramáticos. En su día adoptamos medidas, estamos estudiando los efectos de las mismas y no descartamos adoptar más en esta materia. Estaremos muy atentos a las propuestas que han hecho ustedes”, aseguró este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno del Congreso. El asunto fue introducido en el debate sobre la cumbre europea a instancias de varios grupos, encabezados por el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que emplazó al presidente a buscar un acuerdo para dar respuesta a esta situación.

El líder de la oposición emplazó al presidente a un acuerdo para “una reforma rápida y conseguir que la gente tenga una perspectiva, porque los bancos reciben dinero del Banco Central Europeo al 0% de interés y con un plazo de carencia de tres años. ¿Usted cree que es imposible convencer a los bancos de que ese tratamiento que les da el Banco Central no lo den ellos a quienes están con dificultades para pagar sus hipotecas?”.

Rubalcaba le pide un acuerdo para abordar reformas legales

“Creo que sí, creo que sí y le pido que lo hagamos en esta Cámara; que lo hagamos con consenso y le pido que demos una respuesta a este problema. Estoy seguro de que le vendrá muy bien al Congreso”, aseguró Rubalcaba.

Hasta el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que ha apoyado todas las reformas del sistema financiero, le dijo al presidente del Gobierno que “en estos momentos la sociedad no puede, de ninguna de las maneras, simplemente esperar de los dirigentes políticos que hablen de rescatar a los bancos. Hay que rescatar personas, porque las personas lo están pasando mucho peor que los bancos”.

El Gobierno trabaja en estos momentos en la evaluación del funcionamiento de ese Código de libre adhesión, según Economía. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró en el Congreso que en breve comparecerá para dar datos sobre el funcionamiento de ese acuerdo y rechazó que su funcionamiento haya sido un fracaso. Fuentes de Economía explican que se está trabajando para hacer cambios, por ejemplo, en los umbrales de ingresos por debajo de los cuales los bancos han de flexibilizar la ejecución de los desahucios o la aplicación de la llamada dación en pago.

Ese Código de libre adhesión obliga a los bancos que se sumen a abaratar las hipotecas de parados y personas con bajos ingresos. En esos supuestos están obligados a aceptar la dación en pago y, en caso de desahucio a permitir que sigan en la vivienda en régimen de alquiler durante dos años. La salida propuesta por el Gobierno podría ser la de modificar los ingresos mínimos para acogerse a ese trato favorable, según Economía. El Gobierno considera que modificar la ley para extender fórmulas como la dación en pago supondría un incremento de los tipos de interés y un encarecimiento de créditos, lo que resultaría inconveniente ahora. Esta posibilidad la rechazan los responsables de los bancos.

La propuesta del PSOE incluye medidas como que si un ciudadano no puede pagar la hipoteca y el banco la ejecuta, la valoración del piso no podrá ser inferior a la que se realizó para conceder la hipoteca. El diputado socialista Valeriano Gómez aseguró este miércoles en el pleno que este año serán 100.000 familias las afectadas por los desahucios, y el próximo año el doble, 200.000. En su opinión, el Código de Buenas Prácticas no ha funcionado adecuadamente. “El problema es que se aprobaron 60.000 millones para recapitalizar la banca, y nada para los estafados de las preferentes, ni para los centenares de miles de personas afectadas por desahucios”.